Opositores catalanes presentan un recurso contra las pruebas de junio
El colectivo de profesores que realizaron las oposiciones del pasado mes de junio, convocadas por la Generalitat, han presentado un recurso colectivo firmado por 120 personas ante las "irregularidades" que han detectado y que están dispuestos a llevar a la Oficina Antifraude.
Una portavoz del colectivo ha informado que la tipología de las irregularidades fue diversa pero ha destacado la modificación arbitraria de notas en los tribunales, especialmente de las materias de Lengua Castellana, Orientación Educativa e Historia.
En la prueba de Lengua Castellana sólo aprobaron 122 del millar de presentados, por ejemplo, y personas que habían conseguido una nota de excelente (9 o 10) en sus trabajos de programación didáctica fueron calificados con 0 coma poco en las oposiciones, ha explicado.
En este momento, las reclamaciones de los profesores presentados a las oposiciones se han presentado ya ante el departamento de Enseñanza, que debería resolverlas antes de finales de octubre.
No obstante, si la Administración no responde en un plazo de dos meses, el colectivo considera que podrán interponer un recurso contencioso administrativo y, como acciones complementarias, se comunicarán estos hechos a la Agencia Antifraude de Cataluña y a la Sindicatura de Comptes, "visto que algunas irregularidades pueden constituir fraude", según el citado portavoz.
También han elaborado un manifiesto de repulsa a esta situación, y han recogido 190 firmas de apoyo a sus reivindicaciones.
Un total de 16.390 personas se presentaron a estas oposiciones al Cuerpo de Profesores de Secundaria para cubrir las 1.245 plazas que convocó la Generalitat y que se realizaron en junio pasado.
La convocatoria de las oposiciones no estuvo exenta de polémica ya que el Ministerio de Economía la recurrió al considerar que se había infringido la Ley de Presupuestos, que establece en un 30% el máximo número de plazas que se pueden convocar dadas las actuales restricciones económicas.
La Generalitat argumentaba que el cálculo de las 1.245 plazas surgía de dos criterios: una parte correspondía a la reposición del 30% de las jubilaciones y otra parte a la consolidación de los puestos de trabajo de los interinos, según prevé la normativa del Estatuto Básico del Empleado Público.
Finalmente, tras semanas de conversaciones que llegaron al más alto nivel en los ejecutivos central y catalán, las oposiciones se pudieron realizar en la fecha prevista.