El Colegio "Santa Illa" acumula 20 años de deudas con la Seguridad Social
El auto del juzgado de lo contencioso-administrativo número 19 de Madrid, al que ha tenido acceso Efe, autorizó a los funcionarios de la Tesorería General de la Seguridad Social a ejecutar el embargo de este colegio privado bilingüe, en el marco de un expediente abierto en diciembre de 1991. El embargo se puso en marcha cuando varios camiones de mudanza se llevaron los enseres en presencia de los alumnos y profesores. No obstante, esos mismos muebles han vuelto al centro, después de que un inspector de la Seguridad Social, que se ha personado en el recinto, confirmara que se ha acordado que será el propio colegio el encargado de custodiar el mobiliario.
Un acuerdo que, según fuentes jurídicas consultadas por Efe, es ajeno al juzgado, que únicamente ha actuado como intermediario entre el colegio y la Seguridad Social para emitir la autorización necesaria para proceder al embargo que, según el auto, debía llevarse a cabo en el plazo máximo de un mes y entre las nueve de la mañana y las seis de la tarde. La resolución especifica que la ejecución del embargo corre a cargo de funcionarios de la Seguridad Social y no es un acto en el que intervenga el juzgado, que simplemente se limita a conceder la autorización previa necesaria para proceder a "la ejecución forzosa de actos de la Administración pública".
Dicho auto judicial sí explica que en este caso se solicitó la entrada en el centro escolar por parte de la Seguridad Social para embargar los bienes por deudas al sistema por importe de 992.263,123 euros, que habían sido reclamadas al colegio desde hace dos décadas. De hecho, autoriza la entrada en el Colegio para llevar a cabo la ejecución de una resolución dictada en un expediente fechado el 28 de diciembre de 1991.
Según las mismas fuentes, la Seguridad Social llevaba reclamando insistentemente la deuda al colegio y desde agosto pasado se habían intercambiado varias comunicaciones entre el juzgado, la Administración pública y el colegio para que se abonasen las cantidades pendientes. El pasado mes de octubre también se solicitó al colegio que presentara alegaciones ante la solicitud de embargo formulada, aunque el auto judicial rechaza los motivos de impugnación que planteó el centro, al considerar que no era ese "el momento de decidir sobre el fondo de la deuda, ni de cómo se va a llevar a cabo la diligencia de embargo".
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, ha calificado de "verdaderamente lamentable" que el embargo del material escolar del colegio se produjera en mitad de la clase. Ha asegurado que le "ha sorprendido muchísimo" ese embargo durante las clases y que "encima" lo haya hecho la Seguridad Social. No obstante, se ha declarado "muy contenta" de que la ministra de Empleo, Fátima Báñez, y la secretaria de Estado Engracia Hidalgo, hayan dado orden de interrumpir el embargo hasta que acabe el curso. Lo primero de todo ha de ser el derecho de los alumnos a la Educación, ha manifestado la presidenta madrileña, que además ha advertido de que habrá que aclarar cómo ha sido esa irrupción de los funcionarios de la Seguridad Social en mitad de la clase.