El profesor será autoridad pública y tendrá presunción de veracidad por ley
Los profesores de los centros no universitarios de Aragón serán considerados por ley como autoridad pública en el desempeño de sus funciones y se les otorgará presunción de veracidad cuando se instruyan procedimientos por conductas contrarias a las normas de convivencia. Así se establece en el proyecto de Ley de Autoridad del Profesorado elaborado por el Ejecutivo aragonés, texto que ha sido aprobado por el Consejo de Gobierno y que ha presentado la consejera de Educación, Cultura y Deporte, María Dolores Serrat.
El texto reconoce que el profesorado es un pilar "sobre el que construir una convivencia pacífica" que garantice el derecho individual a la educación y aumente la calidad de la enseñanza, y para lograr estos objetivos en la ley se reconoce, refuerza y prestigia su figura y, además, se mejora su protección jurídica. Además de reconocer a los profesores su autoridad pública, en los términos que establece la legislación para otros profesionales en el ejercicio de sus funciones, la norma fija el deber de colaboración de la sociedad con el profesor.
Se establece, además, el principio de responsabilidad y de reparación de daños por parte de los alumnos, con la obligatoriedad de arreglar los desperfectos materiales causados –o sus padres o tutores con carácter subsidiario– y también los morales, puesto que la ley fija que el alumno infractor deberá pedir disculpas y hacer un reconocimiento público de su infracción. En su redacción, el gobierno de Aragón ha optado por la "flexibilidad", ya que se establece que todos los centros docentes, públicos y privados, elaborarán un plan de convivencia en el que se concretarán las acciones para la mejora de la convivencia escolar.
También deberán definir en su reglamento de funcionamiento interno las normas que regulen esa convivencia, así como las medidas correctoras y disciplinarias a aplicar, medidas que deberán ser siempre proporcionales a la gravedad de la conducta y tendrán que tener un carácter educativo y recuperador. Cuando los hechos puedan ser constitutivos de delito o falta. éstos se comunicarán al Ministerio Fiscal, y, en casos "extremos", Serrat ha dicho que el gobierno de Aragón podría llegar a personarse en la causa.
Los alumnos estarán obligados a reparar los daños materiales que causen o a hacerse cargo del coste económico, teniendo en cuenta que los padres o representantes legales siempre serán responsables civiles en los términos que establezca la legislación. El proyecto de ley, que será remitido a las Cortes de Aragón, ha pasado por el preceptivo trámite de recibir el informe del Consejo Escolar de Aragón, y en él ha recibido, según Serrat, 28 votos a favor, 8 en contra y 3 abstenciones.
También en el ámbito educativo, el Consejo de Gobierno ha aprobado destinar cerca de 64,3 millones de euros al Plan de Infraestructuras de Educación 2012-2015, para la construcción de trece centros y la ampliación o mejora de otros tantos para dar respuesta a las necesidades "más urgentes". A la construcción de trece nuevos centros y al pago comprometido de varias infraestructuras que ya están en funcionamiento se destinarán 54,5 millones de euros y se dedicarán 9,8 millones de euros a la ampliación de 13 centros y a la rehabilitación, conservación y mejora de otros espacios educativos ya existentes.
El plan de infraestructuras 2012-2015 pretende eliminar progresivamente las aulas modulares y atender las necesidades de escolarización de las zonas que han registrado un importante aumento de población escolar, que se concentran principalmente en la provincia de Zaragoza. Tanto la nuevas obras como las ampliaciones tendrán en cuenta las necesidades para una dotación adecuada de las nuevas tecnologías e incorporarán medidas para la eficacia energética.
El Gobierno de Aragón implementará además un catálogo electrónico de contratación centralizada que homologue productos y proveedores con el objetivo de racionalizar las compras de equipamiento y suministros complementarios, ahorrando costes y tiempo de tramitación. Los centros de nueva construcción son, en la provincia de Huesca, los colegios de Monzón, Fraga y Sallent de Gállego, y en la de Zaragoza, los de María de Huerva, Pedrola, Sobradiel y Novallas, además de los de Rosales del Canal, Miralbueno II, el aulario de primaria del Ronda Norte, Valdespartera II y Vadorrey en la capital, y el instituto de Valdespartera.
Las ampliaciones afectarán, en Huesca, a los colegios Domingo Miral de Jaca y San Lorenzo de Huesca, y al instituto Pirámides, y en Teruel a los colegios de Calamocha, Villaespesa y San Blas de la capital. En Zaragoza, a los colegios Foro Romano de Cuarte, Guillermo Fatás de Santa Isabel, Miguel Artazos de Utebo, Francisco de Goya de Calatayud, Gaspar Remiro de Épila y Gil Tarín de La Muela, además del instituto La Azucarera de la capital.