Más alumnos por aula y carreras más caras para sujetar el déficit autonómico
Wert durante la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros.
La norma, que deberá convalidar el Congreso, ofrece a las administraciones una serie de posibilidades para ahorrar 3.000 millones de euros en el conjunto de los presupuestos autonómicos, pues cada una decidirá qué medidas aplica y cómo, según sus necesidades. La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha indicado que se trata de una "racionalización en la gestión del gasto educativo", a la que seguirá una reforma del sistema. En la rueda de prensa posterior al Consejo, ha explicado que se busca "compensar" la aportación de recursos de la sociedad para que todos los alumnos estudien en igualdad de oportunidades con el esfuerzo de éstos.
En la Educación universitaria, se limita la incorporación de personal de nuevo ingreso y los alumnos de grado y los de máster que habilitan para ejercer una profesión tendrán que pagar entre el 15 y el 25 por ciento del coste real de la titulación (la media era del 15 por ciento hasta ahora). Las condiciones se endurecen aun más para los repetidores, que deberán asumir entre el 30 por ciento y todo el coste de los estudios, según el número de veces que necesiten matricularse para aprobar.
Las comunidades, en diálogo con las universidades, fijarán el número mínimo de alumnos que ha de tener una titulación para que sea "viable". También subirá la dedicación docente de aquel profesorado sin "sexenio activo o vivo" (los que no están investigando) y, por el contrario, se reducirá para los que muestren excelencia científica. Se incorpora el principio de estabilidad presupuestaria de las universidades tanto en la redacción como ejecución de las cuentas, con un sistema "punitivo" que aplicarán las CCAA a aquellas que incumplan.
En la enseñanza no universitaria, el tope de alumnos por aula se incrementa el 20 por ciento de forma "coyuntural", vinculado a las tasas de reposición de vacantes de funcionarios docentes (un 10 por ciento en 2012). Hasta ahora eran 25 estudiantes como máximo en Primaria y 30 en Secundaria Obligatoria. El profesorado de Infantil y Primaria tendrá que dar temporalmente al menos 25 horas de clase semanalmente y 20 en el resto de enseñanzas, sin perjuicio de la reducciones por el ejercicio de funciones de dirección o coordinación del centro. Aplazamiento hasta el curso 2014-15 de la implantación de los módulos de 2.000 horas de los ciclos formativos de Grado Medio y Superior. Y eliminación transitoria de la posibilidad de crear nuevos complementos retributivos o retribuciones variables.
Como medidas de carácter estructural, las bajas laborales inferiores a 10 días lectivos deberán ser atendidas por los recursos del propio centro. Se elimina la obligatoriedad de ofertar al menos dos modalidades de Bachillerato. Esta semana, el ministro de Educación, José Ignacio Wert, ha presentado a las comunidades autónomas el plan de "ajuste", que implica reformar parcialmente las leyes orgánicas de Educación, de 2006, y de Universidades, que había sido modificada en 2007.
Por otro lado, las universidades que incumplan los límites de gasto de sus cuentas tendrán "consecuencias punitivas" a partir del curso siguiente al que se produzca la desviación presupuestaria, ha dicho el ministro de Educación, José Ignacio Wert. En cuanto a las matrículas de las universidades públicas, los alumnos que no sean ciudadanos de la UE o no tengan residencia en España abonarán "el cien por cien" del coste efectivo de las titulaciones, excepto en los casos de acuerdos de reciprocidad o de de ciertos beneficios con los países de origen.
En la conferencia de prensa posterior al Consejo de Ministros, Wert ha señalado que el Real Decreto-Ley de medidas educativas incluye a las universidades en el ámbito de aplicación de la Ley de Estabilidad Presupuestaria. "En ese sentido, hay más rigor en el establecimiento del límite de gasto anual, una referencia expresa al cumplimiento del equilibrio y sostenibilidad financieros y unas consecuencias punitivas en el caso de que se produzca una desviación", ha señalado. El sistema de sanción estaría a cargo de las comunidades autónomas, según el Ministerio de Educación, con la idea de que se garantice la estabilidad presupuestaria de las universidades en la redacción y liquidación de las cuentas.
El ministro ha argumentado que se trata de "evitar y prevenir" el caso de una "importante universidad", que no ha precisado por su nombre, con "un desequilibrio económico muy importante que no era conocido" ni siquiera por la comunidad que la financia.