Un juez rechaza suspender la cesión de una parcela de Leganés para un colegio
El Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 5 de Madrid ha emitido un auto en el que desestima suspender la cesión de una parcela municipal del barrio leganense de Arroyo Culebro para la construcción de un colegio concertado, en contra del recurso interpuesto por PSOE, ULEG e IU-Los Verdes. La semana pasada la oposición presentó un recurso contra esta cesión con la intención de dejarla sin efecto por haber sido ejecutada por la Junta de Gobierno municipal, y no por el pleno, que votó en contra de la misma.
El juez argumenta que la Comunidad de Madrid, a la que se cede la parcela, tiene ya "un derecho adquirido sobre la misma" y que, además, se ha generado "una expectativa protegible para cada uno de los licitadores y un derecho subjetivo del conjunto de todos", transcribe el Ejecutivo local. El Gobierno que lidera el PP asegura que con ello el juez ha desautorizado a la oposición en su intento de paralizar la construcción del colegio concertado en Arroyo Culebro, sin embargo, lo que ha hecho es rechazar tomar medidas "cautelarísimas", explican desde el partido independiente, Unión por Leganés (ULEG).
"El juez entiende que no va a tomar esta decisión hasta escuchar a la otra parte, pero no significa que le haya dado la razón al ayuntamiento, ni nada", explica el portavoz de ULEG, Carlos Delgado. El edil independiente asegura que el juez no ha entrado en ninguna cuestión concreta sobre la cesión porque no se ha presentado aún demanda, aunque los tres grupos de la oposición lo harán una vez el recurso haya llegado a todas las partes, como marcan los tiempos.
El pasado 9 de marzo el pleno municipal de Leganés votó a favor de iniciar los trámites judiciales necesarios para anular la cesión de la parcela pública, con los votos a favor de toda la oposición, después de que el Consistorio decidiera seguir adelante con los trámites, a pesar del haber sido rechazado con anterioridad por el pleno. Según el Grupo Socialista, con ello "se ha vulnerado la gestión del patrimonio público de suelo y se ha prescindido del procedimiento legal establecido al no haber sido sometido a información pública".
Desde el Grupo Popular insisten en que dicho procedimiento de cesión del derecho de superficie a la Comunidad de Madrid para la construcción de un colegio "no tiene el más mínimo resquicio de falta de legalidad".