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La Junta niega que vaya a externalizar o a marginar la inspección educativa

La Consejería andaluza de Educación ha negado que vaya a externalizar la inspección educativa o que vaya a marginar a los inspectores, como ha denunciado el presidente de la Asociación de Inspectores de Educación (Adide-Andalucía), Ángel Ruiz Fajardo.
MagisnetMartes, 15 de enero de 2013
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Un escrito de Educación remitido a EFE ha asegurado que ni el Plan Plurianual de Evaluación del Sistema Educativo Andaluz, cuestionado por Adide, ni la normativa de esta Consejería prevén "la existencia de evaluadores externos o su creación". "De ninguna manera se prevé ningún tipo de externalización de las actuales competencias de la Inspección Educativa", ha asegurado el escrito.

Educación también ha contradicho a Ruiz Fajardo y ha afirmado que este plan "descarta y se opone por completo a la publicación de cualquier tipo de ránking o clasificación de centros o profesorado". "La programación contenida en el documento no solo preserva el papel de los inspectores, sino que prevé su participación en los procesos de evaluación que se vayan a llevar a cabo", ha añadido Educación.

El escrito de la Consejería ha matizado que la Agencia Andaluza de Evaluación Educativa "es un órgano administrativo público creado por ley, claramente diferenciado en sus competencias y atribuciones de la Inspección Educativa". Para Educación, la Inspección "participa activamente y seguirá realizando todas aquellas tareas relacionadas con la evaluación que le atribuye la ley". "Nuestro modelo se apoya en la Inspección Educativa. La Inspección andaluza participa y participará activamente en el desarrollo de los planes de evaluación. Tenemos un cuerpo de inspectores con capacidad para impulsar y desarrollar la cultura de la evaluación; el papel de la Inspección es fundamental en el desarrollo de los planes que diseña la Agencia", ha enfatizado la Consejería de Educación.

Ruiz Fajardo ha denunciado, en declaraciones EFE, que el Plan de Evaluación aprobado por la Junta de Andalucía socava las competencias de este colectivo e impulsa una inspección "paralela" que duplicaría el gasto y carecería de independencia.

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