Cinco comunidades rechazan la Lomce mientras las del PP discuten el reparto

Tras la última Conferencia Sectorial del pasado 7 de febrero, el Ministerio ha acordado con las comunidades crear un grupo de trabajo –en el que estarán representadas las comunidades que así lo deseen– para estudiar los costes comunidad por comunidad. Solo las comunidades del PP han respaldado la reforma (aunque ahora discuten el reparto de fondos), mientras que las demás la han rechazado. El País Vasco, no obstante, ha pedido más tiempo para seguir estudiando las cuentas.

En rueda de prensa, el ministro aseguró que “una cosa es la aportación que debe asumir el Estado para atender a los costes suplementarios por modificar una ley y otra la metodología de cálculo que se utilice en el Consejo Fiscal y Financiero sobre las autonomías”. Además, el ministro comentó que “los costes de consolidación de la reforma se harán en función de que cada vez más gente esté en el sistema educativo no universitario, en el incremento de la Educación Secundaria postobligatoria y en el aumento de alumnos en la enseñanza obligatoria”.

Además, aseguró que en la Lomce hay tres principales factores de costes: la implantación de una FP Básica de dos años, la anticipación de la elección de itinerarios en 3º de la ESO y la transformación de 4º de la ESO en un curso de iniciación de Bachillerato y FP. Wert ha reconocido que se han variado algunas hipótesis recogidas en el primer texto de la Lomce tras dialogar con las comunidades, algunas de las cuales habían solicitado que se tuviera en cuenta la dispersión de la población y el peso del alumnado rural, que suponen grupos más pequeños. Entre las primeras están Castilla y León, Galicia y Aragón frente a la Comunidad de Madrid, que quiere que se tenga en cuenta el volumen de población escolar. Lo óptimo sería llegar a un punto de equilibrio.

La consejera catalana, Irene Rigau, ha considerado ·”imposible” implantar una reforma en un momento en que el Gobierno está aplicando políticas de austeridad pactadas con la UE, y cree que va a suponer un “ahogo” para las autonomías. La consellera ha presentado un informe propio según el cual el Gobierno debería destinar a Cataluña 180 millones de euros.

Por su parte, la consejera andaluza, Mar Moreno, no ha entrado a discutir el precio de una receta que considera “tóxica” para el sistema educativo. “Para nosotros la reforma no vale, cueste lo que cueste”, ha afirmado la consejera para reiterar que la Lomce no tiene memoria sino “amnesia económica”, porque el nuevo modelo educativo que implanta el Gobierno central arrastra un recorte previo de 4.000 millones en equidad, profesorado, refuerzos y programas que favorecen la calidad y la igualdad. En este sentido, ha agregado que la Junta no puede compartir un modelo que “recorta” en equidad y que va a poner 200 o 300 millones en “barreras”.

Desde las filas del PP, el consejero de Castilla-La Mancha, Marcial Marín, valoró “el esfuerzo del Ministerio por asumir el coste de implantación de la reforma educativa y permitir, de este modo, que sea sufragada por fondos regionales y estatales”. Tal y como ha resaltado el consejero, “es digno de alabar porque las anteriores leyes no tenían una memoria económica seria, eran un brindis al sol”, señaló tras la Conferencia Sectorial.

Declaraciones de algunos consejeros a la memoria de la Lomce

­­­-Dolores Serrat, consejera de Educación de Aragón
“Las comunidades tienen sistemas educativos muy distintos, y tenemos singularidades propias. No a todas nos va a costar lo mismo. Por ejemplo, la implantación de la FP Básica supondrá duplicar el coste actual, excepto en aquellas comunidades que ya habían añadido un año más a los PCPI. Además, la compactación del Bachillerato tampoco supondrá un gran ahorro para Aragón, al ser una comunidad con dispersión geográfica y un gran número de escuelas rurales”.
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• Mar Moreno, consejera de Educación de Andalucía

“No vamos a discutir si hacer una reválida cuesta un euro más o un euro menos, porque son negativas; si segregar al alumnado cuesta un euro más o un euro menos, porque es muy negativo; o si una vía muerta como la FP Básica cuesta 1.000 euros más o menos, porque es negativa y tóxica”, ha indicado la consejera andaluza para insistir en que la reforma educativa “pone en entredicho” el valor de la enseñanza, que es “generar igualdad de oportunidades y que haya calidad para todos”.
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• Marcial Marín, consejero de Castilla-La Mancha

El consejero castellanomanchego ha lamentado “el hecho de que las comunidades autónomas capitaneadas por el PSOE hayan querido hacer de la reforma un debate ideológico”. A juicio de Marín, “desde el primer momento no han querido llegar a ningún tipo de acuerdo”.

• Irene Rigau, consejera de Educación de Cataluña

“El soporte único del PP hace pensar que la ley podrá ser aprobada, pero el futuro es bastante difícil”, ha dicho la consejera catalana. La consellera ha denunciado que el Ministerio ha “consagrado el cambio de un modelo educativo vigente y pactado hace más de 30 años” para “imponer un modelo recentralizador”, ha dicho.
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• Lucía Figar, consejera de Educación de Madrid

La consejera madrileña ha abogado por que el anteproyecto de ley “llegue a las Cortes cuanto antes”, y se ha mostrado de acuerdo con que se cree un grupo de trabajo para detectar “las necesidades de financiación y para elaborar los criterios de reparto”. “Nos vamos tranquilos con esta propuesta y esperamos que se ajuste más el documento a las necesidades de financiación que hemos expuesto”, afirmó a la salida de la reunión.
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• Ana González, consejera del Principado de Asturias

“La memoria económica se ha realizado con falta de rigor técnico. Los cálculos sobre los costes están hechos sin tener idea de Educación”. La consejera asturiana ha indicado que cálculo “no refleja el coste real, sino que es todo un desastre, un quito de aquí, pongo de allí”, ha añadido.