La Educación pública asturiana perderá el próximo curso 160 profesores
Para Suatea, sindicato mayoritario en el sector, el Ejecutivo ha optado por no negociar las plantillas al rechazar casi todas las alegaciones de los centros lo que hará que, con esta medida, en los tres últimos cursos la escuela pública haya perdido el 6% del profesorado mientras el alumnado ha crecido en el mismo porcentaje. Esta central incide en que el Gobierno regional culpabiliza a los reales decretos aprobados a nivel estatal pese a que hay fórmulas para evitar el aumento en Secundaria de dos horas lectivas por jornada o para mantener la ratio en 20 alumnos para la enseñanza Infantil a los tres años. Suatea incide en que esta plantilla persigue el aminoramiento en el número de docentes, lo que conlleva "un desmantelamiento de la escuela pública asturiana, favoreciendo los intereses de la red concertada y privada, derivando alumnado a estos centros".
Según CCOO, en un contexto de aumento sostenido del alumnado en todas las etapas educativas, el Principado "aplica las denostadas políticas de recorte y asesta un nuevo hachazo a las plantillas docentes que se suma a los que se vienen arrastrando de años anteriores". A juicio de esta central, el Ejecutivo regional "atiende complaciente las directrices estatales de adelgazamiento del sector público" lo que genera un aumento de la inestabilidad de los equipos docentes que imposibilita la continuidad de proyectos y programas. Además, CCOO ha acusado a la administración autonómica de aprovecha el alto número de jubilaciones en los dos últimos años (893) para seguir destruyendo plazas fijas y convertir en endémica la temporalidad.
Por su parte, FETE-UGT ha considerado que los criterios aplicados han sido muy restrictivos porque se parte de la premisa de que las plantillas están "sobredimensionadas" y que el ajuste generará una fuerte dependencia de los centros de aquellos puestos no consolidados elevándose el porcentaje de interinos. Esta central admite que el Principado ha aceptado algunas alegaciones de los centros a su propuesta inicial, pero defiende que la inmensa mayoría estaban "sobradamente justificadas" basándose, sobre todo, en los acuerdos de plantillas vigentes cuyo cumplimiento exige FETE-UGT.