CiU pide al Gobierno que clarifique la aplicación del 21% de IVA a las actividades complementarias escolares

En una proposición no de ley presentada en el Congreso, el portavoz del grupo parlamentario catalán, Josep Antoni Duran Lleida, insta al Ejecutivo a discutir en la Comisión de Educación y Deporte una iniciativa que permita "la explícita aplicación de la exención del IVA o, en su caso, del tipo reducido" al conjunto de las actividades educativas sin limitarse a las de enseñanza regulada. CiU quiere evitar "nuevos incrementos de costes a las familias con hijos en edad escolar y a las administraciones educativas dependientes de las comunidades autónomas", según señala en su propuesta, en la que recuerda que se aplica el IVA "con criterios dispares" en las empresas que realizan servicios de comedor y vigilancia de niños en las escuelas o las actividades extraescolares complementarias.

Duran comenta la "gran preocupación" existente entre la federación de las empresas de prestación de estos servicios después de que la Dirección General de Tributos haya asegurado que se limitan las exenciones prácticamente a las actividades de enseñanza regulada impartidas por el centro y no a las voluntarias. Dicha interpretación es para CiU "mucho más restrictiva" que la que se desprende de las normativas comunitaria y española que admiten las exenciones para el conjunto de las actividades educativas en un sentido amplio.

Si se hiciera efectiva la interpretación de tributos, algunos servicios como los de vigilancia y atención en comedores, que las autonomías deben prestar obligatoria y gratuitamente cuando se trata de alumnos de pequeños municipios que deben trasladarse a centros de otra población, quedarían grabadas con un 21% de IVA, según CiU. Idéntica situación afectaría a todas las familias que se ven obligadas a dejar a sus hijos en el comedor de los centros y, en ese caso, el IVA deberían pagarlo las familias y en determinados casos las administraciones de las comunidades, según CiU.

Además, el Grupo Catalán ha presentado otra proposición no de ley para que el Gobierno revise "con urgencia" la aplicación de las medidas urgentes de racionalización del gasto público en el ámbito educativo con el fin de reducir el número de días lectivos permitidos en la sustitución transitoria de los profesores titulares de los centros docentes públicos.