CCOO presenta una queja ante el Defensor del Pueblo de Andalucía por recortes en Educación
En rueda de prensa tras la entrega del documento, Blanco ha destacado que en los dos últimos años se ha producido a nivel estatal un recorte de 4.000 millones de euros, que se destinaban a programas de refuerzo educativo, a la reducción de la tasa de absentismo o a favorecer la escolarización de 0 a 3 años. Además ha recordado que se han producido reducciones en el número de días necesarios para cubrir sustituciones del profesorado y se han aumentado las horas lectivas, lo que ha supuesto en su opinión una "importante" pérdida de empleo y, lo que ha considerado más grave, una "desatención" del alumnado con dificultades al perderse horas de refuerzo. A ello ha añadido la preocupación por el hecho de que casi 10.000 alumnos en Andalucía se vayan a quedar sin beca por el cambio de los criterios, un número importante de alumnos que habían vuelto al sistema educativo para recuperar su cualificación profesional y encontrar un nuevo empleo.
Todo ello ha llevado, según Blanco, a una "degradación importante" del sistema educativo público, en la que incide la tasa de reposición del profesorado, una norma que permite que, de los 6.000 profesores que se han jubilado en Andalucía en los últimos dos años solo 600 vayan a ser sustituidos a través de oferta de empleo público. El sindicato ha denunciado además la "imposibilidad" de sustituir al profesorado de modo automático, por lo que los escolares sufren la ausencia de su docente durante al menos los 15 primeros días en los que éste se encuentre de baja, con la "consiguiente pérdida de calidad educativa que ello conlleva". Según Blanco, esta situación puede empeorar con la futura Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (Lomce), con la que ha opinado que los recortes se convertirán en "estructurales".
Por su parte, el Defensor del Pueblo, José Chamizo, ha expresado su "preocupación" por dichos recortes en el ámbito educativo y ha mostrado su "compromiso" de insistir ante las autoridades para que no incidan en los colectivos más vulnerables.