El TSJC insta a que las clases sean bilingües si la familia de un alumno lo pide
Según informa la asociación Convivencia Cívica en un comunicado, el TSJC ha corroborado las medidas cautelares explicitadas en diferentes autos de los meses de enero y febrero de este año sobre la lengua vehicular en la escuela. Esta entidad, que ha asesorado a los padres que presentaron las reclamaciones para que sus hijos recibieran la enseñanza en castellano y catalán, considera que se trata "de una victoria del bilingüismo y del sentido común".
A la vista de estos autos, la Conselleria de Enseñanza deberá introducir un modelo de enseñanza bilingüe en determinadas clases de diez centros escolares catalanes a los que acuden los hijos de los progenitores que solicitaron enseñanza bilingüe. En total, son cinco colegios de la provincia de Barcelona, tres de la de Tarragona y dos más en la de Girona, indica Convivencia Cívica.
El tribunal establece en los autos que puede haber "padres que puedan querer y desear que el modelo lingüístico actual (de la inmersión) no se modifique. Ahora bien, ello no es óbice a lo acordado. Es sabido que el derecho fundamental a la Educación (artículo 27 de la Constitución) en su aspecto lingüístico no garantiza ningún derecho de opción a recibir la enseñanza exclusivamente en una sola de las lenguas oficiales". Además, afirma que "el modelo de conjunción lingüística o bilingüismo integral es conforme con el bloque de constitucionalidad".
Convivencia Cívica insiste que el gobierno catalán "debería cambiar a la mayor brevedad el sistema global de la inmersión, transformándolo en un sistema educativo bilingüe", y advierte que, mientras no se haga así, "seguirá habiendo un goteo permanente de padres y sentencias que exijan el bilingüismo".
Por su parte, la consellera de Enseñanza, Irene Rigau, ha afirmado que el Govern no ejecutará los nuevos autos judiciales porque son medidas cautelares que están recurridas, así que mantendrá el sistema de inmersión lingüística con la premisa que "no se puede cambiar la lengua del grupo porque lo pida un alumno". "No es viable aplicar estas medidas porque, por un caso en particular, no se tienen en cuenta los derechos de los otros padres", ha afirmado Rigau en una comparecencia de prensa en el Parlament.
Rigau ha explicado que las medidas de los nuevos autos del TSJC son cautelares y forman parte de un proceso judicial aún abierto, en el que la Generalitat ha recurrido al Tribunal Supremo dichas decisiones judiciales. "No contemplamos ejecutar la resolución en los términos en los que está planteada porque confiamos que el recurso nos será favorable, la historia nos permite pensar esto", ha afirmado Rigau.
La consellera ha recordado que anteriores resoluciones del Tribunal Supremo han avalado el modelo de inmersión lingüística y que ahora se plantea "un pretendido cambio que no es posible porque choca con la Ley de Educación de Cataluña" (LEC). Según Irene Rigau, este curso son 17 los alumnos que han pedido Educación en castellano, a los que se les proporciona una atención individualizada, pero "es imposible que se cambie la lengua de todo el grupo". En este sentido, la consellera ha recordado que el proyecto lingüístico está fijado por el Consejo Escolar de cada centro, que se rige por a LEC, y que, por respeto al conjunto de los padres, no se puede modificar por una petición individual, así que "cambiar la lengua del aula supondría cambiar el sistema".