FETE exige el abono íntegro del segundo pago a centros educativos públicos
FETE-UGT ha exigido a la Consejería de Educación el abono íntegro del segundo pago del presupuesto a los centros educativos públicos y ha anunciado que, de no cumplirse, estudiará la adopción de iniciativas, incluidas las jurídicas, que garanticen a los centros los recursos legalmente establecidos. En un comunicado, el sindicato ha explicado que Educación justifica el "recorte" sufrido en el abono de segundo pago del presupuesto en que se había "planteado realizar un contrato centralizado para el suministro de combustible, de manera que se consiguiese un ahorro en el presupuesto global". Al no concretarse este contrato, añade la nota, la Consejería se ha comprometido a realizar un tercer pago en los próximos días.
Tras aclarar que apoya cualquier decisión que favorezca la optimización y aprovechamiento máximo de los recursos públicos, FETE-UGT ha rechazado "estas decisiones unilaterales, que son desconocidas por los centros", quienes, en defensa de su "autonomía" de gestión, deberían participar y opinar en este tipo de propuestas. Esta medida, de confirmarse, tendría una "incidencia negativa" directa en la organización, funcionamiento y gestión de los centros, obligando a los equipos directivos a modificar programas y proyectos de trabajo, pero lo que es "más grave perjudicaría la atención educativa del alumnado", ha agregado.
Así, ha destacado que, en estos momentos de crisis económica, la escuela pública asume con sus "propios presupuestos" que muchos alumnos escolarizados de familias desestructuradas o económicamente desfavorecidas puedan acceder a los recursos y materiales didácticos para una Educación de calidad. De este modo, considera que cualquier recorte o disminución de los "escasos" presupuestos de los centros públicos sería una medida que afectaría a la equidad educativa.
En su opinión, con esta actitud, la administración educativa ha provocado "malestar e incertidumbre" en los centros educativos y ha asegurado que los equipos directivos tienen "razones justificadas para desconfiar" de las declaraciones de la administración educativa de proceder a un tercer abono a los centros. Como prueba de ello, ha citado los recortes en estas partidas presupuestarias en los dos últimos años, al tiempo que ha reiterado su exigencia del inmediato pago de la cantidad económica retenida de los presupuestos de los centros, "retención que llega hasta un 40%".
En el caso de que la Consejería de Educación no cumpliera este compromiso, ha advertido de que estudiará la adopción de iniciativas, incluidas las jurídicas, que garanticen que "los colegios e institutos públicos puedan recibir, como mínimo, los recursos económicos legalmente establecidos, y asegure que todos los alumnos puedan ejercer su derecho a una formación de calidad".