El Gobierno aplaza unos días la aprobación de la reforma educativa
A su vez, fuentes del Ministerio de Educación han argumentado que es una ley de relevancia que tiene que ir al Consejo con todos los detalles cerrados. Hasta ahora, el anteproyecto de Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (Lomce) ha suscitado la oposición de Cataluña, País Vasco y las comunidades que gobierna el PSOE y sectores educativos, fundamentalmente de la enseñanza pública.
Miles de personas participaron ayer en manifestaciones en todo el país contra la Lomce durante una jornada de huelga general educativa convocada por los sindicatos, padres y estudiantes de la Plataforma Estatal por la Escuela Pública. Los integrantes de la plataforma habían atribuido al "éxito", en su opinión, de esta movilización que el Gobierno pudiera decidir finalmente no aprobar hoy el proyecto legislativo.
Por otro lado, la vicepresidenta primera del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha afirmado que los elementos fundamentales de la reforma educativa están "cerrados" para el Ejecutivo, y ha asegurado que se aprobará este mes de mayo. Sáenz de Santamaría ha hecho estas declaraciones durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, donde ha destacado que el anteproyecto de la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (Lomce) entró la pasada semana en comisión de subsecretarios con algunas "observaciones" y que, por tanto, como cualquier otra ley, no se eleva mientras no se resuelven.
Sobre la cuestión lingüística ha dicho que el Gobierno quiere trabajar de acuerdo con la jurisprudencia constitucional en un sistema que garantice la libertad de enseñanza y de los padres para elegir la educación que quieren para sus hijos. "Este Gobierno va a garantizar, a través de la ley, la libertad que establece la Constitución, reconocida por el Tribunal Constitucional" y, según la vicepresidenta, se hará con "los mecanismos pertinentes que permiten lograr el objetivo esencial", es decir, que ciudadanos, padres y alumnos reciban la Educación "en la lengua que han decidido".
El castellano es la lengua oficial del Estado y las comunidades tienen en su caso lenguas cooficiales que regulan sus Estatutos autonómicos, que "hay que respetarlos" en los marcos de competencia siempre que "respeten la Constitución, y en esas estamos", ha añadido. Sáenz de Santamaría ha añadido que la Administración central ha procurado "especialmente" con Cataluña escuchar sus alegaciones pero que el Gobierno tiene que "garantizar el cumplimiento de la Constitución y las sentencias de los tribunales".
Preguntada si será posible llegar a acuerdos sobre la cuestión lingüística ha insistido que si no lo fuera, la obligación del Gobierno es "garantizar los derechos en la práctica". La vicepresidenta ha comentado que buscarán "apoyos" pero que lo primero es cumplir con los cambios educativos que son "imprescindibles" porque "no salimos bien en ningún índice académico medianamente importante". "No he encontrado ningún argumento que diga que es mejor seguir con lo que tenemos cuando está provocando lo que estamos viviendo", ha subrayado la vicepresidenta en relación a las altas cifras de fracaso escolar y desempleo juvenil.