Wert aplaza la reforma y la Plataforma lo atribuye a la huelga del pasado 9 de mayo

El Gobierno decidió el viernes –y en el último momento– no incluir la aprobación del anteproyecto de ley educativa en el orden del día del Consejo de Ministros debido a que “faltan por cerrar detalles de la memoria económica”, según fuentes gubernamentales. En el Ministerio aseguran que una ley de tanta relevancia tiene que ir al Consejo “con todos los detalles cerrados”, por lo que han preferido posponer su aprobación aun a riesgo de que la Plataforma Estatal por la Escuela Pública atribuyese este retraso al “éxito” de la huelga del pasado 9 de mayo.

Miles de personas participaron en las manifestaciones convocadas por todo el país contra la Lomce durante una jornada de huelga general educativa convocada por los sindicatos, padres y estudiantes de la citada Plataforma Estatal por la Escuela Pública.

Sobre el texto que finalmente irá al Consejo de Ministros, el propio ministro dijo la semana pasada en el Senado que incorporará aquellas observaciones del Consejo de Estado que “mejoran técnicamente el anteproyecto”, como la nueva distribución del currículum en tres tipos de asignaturas y la enseñanza en castellano en autonomías con lengua cooficial.

Wert ha asegurado que el dictamen no critica la clasificación en materias troncales, específicas y de libre configuración autonómica, sino que exige una “clarificación adicional sobre la lógica que la sustenta”. Las troncales “no significan que estén por encima del resto en importancia, sino que tienen una estructura común en toda España”, ha explicado el ministro. También ha aclarado que “las lenguas cooficiales no quedan minusvaloradas por no ser troncales, sino de configuración autonómica, ya que tendrán el mismo tratamiento y evaluación que el castellano”.

Wert también ha asegurado que el Ministerio dará “respuesta adecuada” a lo sugerido por el Consejo de Estado, que se ha mostrado contrario a que las comunidades autónomas deban costear un centro privado a aquellos alumnos que quieran estudiar en castellano y no dispongan de esa oferta ni en colegios públicos ni concertados. El ministro ha considerado que el informe es “globalmente positivo” sobre los aspectos medulares, el “esqueleto” de la propuesta de Ley. Según el ministro, el dictamen del Consejo contiene juicios, a veces dudas técnicas, y en la mayor parte de las ocasiones son “juicios de oportunidad de carácter político”, ha dicho.

Dudas de la oposición
Por CiU, la senadora Montserrat Candini preguntó cómo va a resolver el Ministerio las “numerosas dudas de inconstitucionalidad” de la reforma a la vista del informe del Consejo y señaló que éste “no encuentra ninguna justificación razonable en la clasificación de asignaturas citada, pues “relega a la lengua catalana por no considerarla troncal”. La senadora del PNV Rut Martínez calificó de “contundente por negativo” el informe en cuanto a “invasión de competencias” autonómicas en el tratamiento de las lenguas cooficiales.

En una interpelación, Vicente Álvarez Areces, del PSOE, señaló que “la política de recortes y medidas muy destructivas de Wert han abocado al sistema educativo al colapso y a la asfixia de las universidades” y por eso se ha ido a la huelga. Según Areces, es “cínico” que desde el Ministerio se diga que los recortes no son cosa del Gobierno, sino de las comunidades, pues tienen que aplicar, ha argumentado, la legislación básica que aprueba la Administración central.

Sobre la Lomce, indicó que se trata de un modelo de “dudosa constitucionalidad”. “La Lomce va a destruir en muy poco tiempo décadas de trabajo, es un proyecto partidista sin el mínimo consenso, que ha endurecido el articulado a medida de las presiones internas en el Ministerio ha recibido de los sectores más conservadores”. Va a suponer “una auténtica ruptura del pacto educativo constitucional”, concluyó.

Wert negó cualquier colapso y replicó que la críticas socialistas son una mera “caricatura ideológica”. Añadió, no obstante, que tiene “la esperanza de que haya un nivel de acuerdo suficiente en la tramitación parlamentaria para mejorar la base de la ley”. “No sería la primera ley educativa que se aprueba sin consenso; yo voy a intentar más bien lo contrario, que sea la primera que se apruebe con un cierto nivel de consenso”, señaló Wert.

Sobre los “recortes” (el Gobierno sigue sin aceptar este término), el ministro Wert insistió en que “más del 90 por ciento del gasto educativo público educativo es de las comunidades”. Si se tienen en cuenta los presupuestos iniciales, el gasto público cayó un 4,2%, un 3% en 2012 y un 7% en 2013, “de forma muy desigual entre comunidades”, según el ministro. “Cada una ha intentado racionalizar su gasto como ha creído más conveniente”, remató.

La oposición pide la retirada del texto

­­­-Rubalcaba pide al Gobierno que retire la reforma educativa porque “no se puede ir contra todo y contra todos” y porque “no es la ley que España necesita”
Un día después de la jornada de huelga en la enseñanza pública contra la reforma educativa, el secretario general del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, ha pedido al Gobierno “que la retire” porque “no es la ley que España necesita” y porque “no se puede aprobar una ley así”, yendo “contra todos y contra todo”. El líder socialista insistió en que la reforma educativa “no se puede llevar a cabo” porque no cuenta con ningún apoyo: “no tiene el apoyo de los grupos parlamentarios, ni de las familias, ni de los profesores, ni de los estudiantes. No cuentan con ningún apoyo y, en esas condiciones, le pido a Rajoy que retire el proyecto de ley y que vuelva a iniciar el diálogo educativo, que es muy importante en nuestro país”, afirmó.
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• CiU emplaza al Gobierno a empezar de cero con la reforma educativa

El diputado de CiU, Martí Barberà, cree que el ministro de Educación, José Ignacio Wert “tiene una nueva oportunidad para empezar de cero, plantear un nuevo texto y contar con los grupos parlamentarios a la hora de buscar el máximo consenso”. Desde CiU se reitera la necesidad de reabrir el diálogo con todas las formaciones políticas con el fin de modificar el proyecto de ley.

Sin embargo, CiU constata que de momento no se ha producido ningún tipo de contacto con el Ministerio para negociar sobre este proyecto de ley. Sin embargo, la federación nacionalista confía en que este retraso de la aprobación de la Lomce sea la excusa perfecta para reiniciar los contactos entre el Gobierno y los grupos parlamentarios.

Precisamente Martí Barberà defenderá en el próximo pleno del Congreso una moción consecuencia de la interpelación urgente presentada en la que se pide la retirada del anteproyecto de ley y la presentación de un nuevo texto. Buscar el máximo consenso es uno de los aspectos que se recogen en la moción presentada por CiU, donde además se pide incorporar la competencia de las comunidades con lengua oficial para orientar su sistema educativo tanto a la hora de concretar el modelo de enseñanza lingüística como el modelo de integración.