El PP quiere incluir la libertad de enseñanza y de elección en los principios de la Lomce

Las fuerzas parlamentarias ha registrado en la Cámara baja al menos 700 enmiendas parciales a la reforma educativa propuesta por el ministro de Educación, José Ignacio Wert. El PP, que ha presentado 42 enmiendas, defiende una mayor "visibilidad" de la libertad de enseñanza y del reconocimiento del papel de los padres como principales responsables de la Educación de los hijos y el derecho a "elegir el tipo de Educación y el centro docente", según fuentes parlamentarias.

En otras propuestas, el PP quiere unificar el Bachillerato de Humanidades y el de Ciencias Sociales por razones de oferta y organizativas. Con el propósito de reforzar la cultura del esfuerzo y las asignaturas básicas, sólo se podrá pasar de curso en ESO con dos suspensos, salvo Lengua y Matemáticas simultáneamente. Otra de las enmiendas clarifica el papel del Gobierno en la evaluación final de Primaria, pues éste establecerá los criterios de la misma y las características de las pruebas para que sean comunes en toda España.

El PP quiere que se permita que profesores no funcionarios puedan calificar las pruebas de las evaluaciones comunes para todo el alumnado, siempre que pertenezcan al sistema educativo español. Además, prevé que la reforma comience a implantarse en Primaria, ESO y Bachillerato el curso 2014-15 y que las primeras evaluaciones finales de las enseñanzas secundarias sean al siguiente.

Por el contrario, el 80 por ciento de las 101 enmiendas del PSOE son de "supresión", como muestra del "rechazo" que siente por la reforma, como prácticamente toda la oposición, y el deseo de mantener en vigor la Ley Orgánica de Educación (LOE). Izquierda Plural se opone (160 enmiendas) a la FP básica, los itinerarios de 4º de ESO como "segregadores" y a las "reválidas" de final de etapa. También reclama que se mantenga Educación para la Ciudadanía, que se denuncien los acuerdos del Estado con las confesiones religiosas y, mientras tanto, que la asignatura confesional esté al margen del currículo común. Propone además que los centros educativos ofrezcan de forma optativa alguna de las lenguas mayoritarias que hablan los alumnos inmigrantes. Considera que la concertación de la enseñanza obligatoria con centros privados debe ser "temporal y subsidiaria" y se opone a las clases separadas por sexo.

CiU, que ha presentado 70 enmiendas, pide que se mantenga la LOE pues "permite" el modelo educativo de Cataluña. En sus enmiendas busca el blindaje del modelo lingüístico y rechaza la fórmula prevista en la reforma de pagar un centro privado al alumno que no pueda estudiar en castellano.

El PNV, con 41 enmiendas, plantea "preservar" lo que establece el Estatuto de Autonomía del País Vasco para garantizar su "competencia en materia de enseñanza en toda su extensión, niveles y grados, modalidades y especialidades". Respecto a la defensa del euskera, el PNV sustituye la "cooficialidad" que cita la Lomce por los conceptos de "oficialidad y la lengua propia". El Grupo Vasco también apuesta por la selectividad, suprimir las evaluaciones finales y por que el Gobierno tenga sólo potestad para establecer los criterios básicos en esas pruebas.

UPyD, con 33, reclama un sistema de préstamos de libros de texto; el reconocimiento por ley de la autoridad del profesorado, el refuerzo de la laicidad en la escuela pública y la garantía de la enseñanza en castellano en todas las comunidades. Las 160 enmiendas de ERC se dirigen a "salvaguardar" las competencias de Cataluña y plantea que, para el uso de la lengua vehicular de la enseñanza, "se atenderá a lo previsto en los respectivos estatutos de autonomía y leyes de Educación".

Foro Asturias, con 40 enmiendas, solicita un curso más (hasta los 7 años) en la Primaria o que haya más presencia en el sistema de las lenguas extranjeras, humanidades y Educación artística. Amaiur sólo pide que, "en respeto de la voluntad mayoritaria de la sociedad vasca, esta ley no será de aplicación" en Euskadi.