Wert acepta revisar la implantación de la Lomce ante la presión de las CCAA
Wert ha hecho este anuncio en la reunión de la Comisión General de Comunidades Autónomas, primera convocada en esta legislatura y que tiene como objeto revisar si un proyecto de ley, en este caso el de Mejora de la Calidad Educativa (Lomce), invade o no competencias. Los consejeros de Educación de Cataluña, Andalucía, Asturias y Canarias han dicho que invade las competencias ganadas hace décadas y se han mostrado partidarios de recurrir ante el Tribunal Constitucional si no se cambia la ley en su último trámite ante la Cámara alta. Por contra, las consejerías del PP, han dicho que no invade competencias y han defendido su necesidad de aplicarse, aunque algunas como la de Murcia o Aragón han pedido que se "asegure su financiación".
Las comunidades populares han resaltado que la reforma servirá para frenar la tasa de abandono escolar y garantizar que los alumnos aprendan por igual castellano y lenguas cooficiales; y la consejera de Valencia, María José Catalá, ha criticado que hoy se haya hablado "más de estatutos que de fracaso en la Educación". Wert ha comentado que el grupo popular será el que entablará una discusión en el Senado con la oposición para, "eventualmente", realizar una "revisión" del calendario de su entrada en vigor a partir de 2014-15. "Se podría plantear un escalonamiento" de la implantación de la reforma, ha añadido el ministro, además de recordar que se está en "tiempo hábil" para conseguir algún "consenso adicional".
La Memoria Económica del proyecto fija que la reforma se implantará en dos cursos académicos (tres años naturales), con un coste neto para el Estado en cada ejercicio de 23, 130 y 255 millones de euros. En concreto, el calendario marca que las modificaciones en Primaria se implanten para primero, tercero y quinto en 2014-2015, y para ese mismo año escolar para primero y tercero de la ESO; para el resto de cursos, en 2015-16. También en 2014-15 se harán los cambios para 1º de Bachillerato.
La consejera catalana, Irene Rigau, ha denunciado que implantar la Lomce dentro de dos años es "someter a estrés al sistema educativo", y ha criticado que se quiera aplicar rápidamente con "un interés partidista por encima del educativo". Ha aclarado que en Cataluña, frente a 1,2 millones de estudiantes, hay 26 casos que han denunciado no poder estudiar en castellano como lengua vehicular en centros públicos, y cree "abusivo" que se proponga que las comunidades asuman el coste de un colegio privado para ellos.
Por su parte, la consejera vasca, Cristina Uriarte, ha confiado que el anuncio de Wert respecto al calendario se manifieste en "propuestas concretas". El consejero andaluz, Luciano Alonso, ha apuntado que la Lomce tendrá un coste elevado, y ha llamado al consenso"; desde Asturias, la consejera Ana González ha asegurado que la norma ha batido "el récord del descontentos". Según González, la ley se resume en "desigualdad, exclusión, inequidad, determinismo social y prejuicio" y además "segrega por razones de capacidad, de adaptación socio económica, de ruralidad y de sexo" y traslada a los estudiantes, especialmente a los becarios, que "son vagos, que malgastan el dinero público, que no quieren esforzarse ni estudiar". "El largo e intenso debate del que habla el ministro ha dado paso a un mes intenso de movilizaciones porque todo el mundo, excepto el PP y sus comunidades autónomas, está de acuerdo en su desacuerdo con este proyecto de Ley", ha apuntado la consejera del Principado.
José Miguel Pérez, consejero canario, ha argumentado que cuando se está reduciendo el déficit público es "insostenible" que las comunidades asuman el gasto de la Lomce. El consejero navarro, José Iribas (UPN), ha advertido que no se van a entregar "cheques en blanco" al PP. También han tomado la palabra la decena de senadores que lo habían pedido expresamente –todos de la oposición–, y que han aseverado que la Lomce "nace muerta", sin consenso.
Por otra parte, los grupos del PSOE, CiU, PNV, Mixto y la Entesa han defendido con sus votos particulares el rechazo al dictamen sobre la Lomce de la Comisión General de las Comunidades Autónomas que, sin embargo, sale adelante por la mayoría parlamentaria del PP.