Wert no admite demoras en la Lomce porque “los calendarios están en la ley”
Poco antes, el presidente de la CRUE, Manuel López, había anunciado que iba a pedir una demora y también lo habían hecho algunas comunidades en la Sectorial del día anterior. La representante asturiana había pedido que la nueva prueba de acceso no se aplique hasta que se suprima la selectividad completamente, pues estará vigente hasta el curso 2017-18. La representante asturiana había pedido que la nueva prueba de acceso no se aplique hasta que se suprima la selectividad completamente, pues estará vigente hasta el curso 2017-18.
El ministro indicó que “lo básico del calendario de aplicación tiene carácter legal, no reglamentario, y las demoras no son posibles”. “Los calendarios están en la propia ley”, subrayó Wert.
Un día antes de estas declaraciones, la Conferencia Sectorial de Educación también trató de la sustitución de la selectividad (una prueba común a todas las universidades) por un modelo en el que cada centro establece su modo de acceso.
Respecto a la prueba de los titulados de FP Superior y del Bachillerato internacional, el ministro recordó que los primeros, no están obligados a realizar la selectividad, por lo que se les puede aplicar la nueva normativa el curso próximo. En el caso de los alumnos procedentes del Bachillerato europeo y del internacional, también se les aplicaría ya porque cuentan con las “garantías de las instancias de acreditación” de esas titulaciones.
Curso para ser director
Con respecto al curso para ser director, la Lomce prevé un modelo de formación común (con una validez de ocho años) a lo que se oponen algunas comunidades. En la Conferencia Sectorial, el director general de Política Educativa de Castilla y León, Fernando Sánchez Pascuala, propuso que a esa formación común se le añadieran “módulos específicos que supongan un mérito añadido”, idea que el ministro contempló favorablemente.
Por otra parte, las comunidades están de acuerdo en que haya un reconocimiento expreso a los directores que hayan demostrado una función directiva.
En cuanto a la Formación Profesional Básica, que también se trató en la última Sectorial, se ampliará el catálogo de títulos en siete más, que se sumarán a los 14 actuales. El planteamiento de Castilla y León –comunidad del PP favorable a la reforma– es hacer “una transición suave, en la que haya una implantación prudente y con continuidad, sin obligar a los centros a la implantación de todos los perfiles y titulaciones”, indicó Sánchez Pascuala.
Respecto a la financiación de la FP Básica, el Gobierno está negociando con la Unión Europea los fondos necesarios, aspecto que se tratará en una conferencia sectorial en junio una vez acordado con Bruselas los procedimientos y las cantidades que se destinarán a cada comunidad, reveló Sánchez Pascuala.El Ministerio tendrá en cuenta el esfuerzo de las comunidades para poner en marcha la FP Básica y el número de alumnos que consigan atraer, según adelantó la secretaria de Estado, Montserrat Gomendio.
También señaló que el Ministerio tiene de plazo hasta el 22 de abril para hacer la solicitud oficial de esos fondos. No obstante, el Ministerio adelantará 50 millones de euros solo para su implantación en el primer trimestre del 2014-15.
La financiación de la FP Básica ha sido uno de los principales motivos de crítica por parte de Andalucía, Asturias y Canarias, cuyos consejeros han achacado “falta de seriedad” al Ministerio y han asegurado que existe una situación de “incertidumbre” para las autonomías, que no saben con qué dinero contarán, y entre los propios centros y alumnos.
Enseñanza en castellano
El último de los temas tratados en la Sectorial del pasado miércoles fue el real decreto que aborda la enseñanza del castellano en las comunidades con lenguas cooficiales, del que la secretaria de Estado Montserrat Gomendio ha asegurado que entrará en vigor el próximo curso 2014-15 “sí o sí”.
No obstante, ha matizado que el Ministerio está abierto a debatir este tema en un grupo de trabajo, tal y como han pedido algunas comunidades, pero que se debe constituir “con celeridad”. Gomendio destacó que es deber del Ministerio garantizar la Educación en castellano a aquellas familias que lo soliciten. Y recordó que, excepto Cataluña, “donde existe la posibilidad de que el castellano quede excluido”, la mayoría de las comunidades con lengua cooficial han optado por sistemas integrados, bilingües o trilingües.
Por su parte, la consejera vasca, Cristina Uriarte, manifestó su oposición al procedimiento que regulará la enseñanza en castellano al considerar que invade competencias autonómicas. La Lomce establece que las autonomías con lengua cooficial que no tengan centros públicos o privados con el castellano como lengua vehicular deberán costear un colegio privado a los alumnos que lo pidan.