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Directores de Vigo sancionados cobraban sobresueldos por cuotas de comedor

MagisnetMartes, 1 de abril de 2014
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El jefe territorial de Cultura y Educación de Vigo, César Pérez Ares, ha detallado que el motivo de las sanciones impuestas a los directores de seis colegios de la ciudad fue el cobro de sobresueldos a través de las cuotas voluntarias del servicio de comedor. Unas cuotas que en el caso concreto de un centro escolar llegaron a ser obligatorias, en detrimento de las familias con menos recursos, ha recalcado Pérez Ares, quien ha incidido en que estas prácticas suponen "una irregularidad", máxime cuando se ha descubierto una "contabilidad paralela".

El departamento de Jesús Vázquez abrió el pasado mes de noviembre un expediente informativo por el supuesto cobro irregular por el servicio de comedor en siete centros de Vigo. Estos son el Ría de Vigo, A Carrasqueira, Sárdoma-Moledo, A Paz, Lope de Vega, Chans-Bembrive e Igrexa-Valadares, y una vez resuelta la investigación, han sido sancionados los directores de todos los centros salvo el último, que ya se ha jubilado.

El jefe territorial de Vigo ha explicado que los directores suspendidos de empleo y sueldo se beneficiaban de las cuotas al cobrar una cantidad mensual, cuando ya perciben un plus por su cargo así como por la responsabilidad del comedor. Ha recordado que la administración autonómica inició una investigación a raíz de una denuncia presentada por FETE-UGT en mayo de 2013 por posibles irregularidades en la gestión de siete comedores gestionados directamente por la Xunta.

Dos meses más tarde, Pérez Ares se reunió con los directores denunciados para contar con su versión de los hechos, y estos alegaron que el objetivo de las cuotas voluntarias era mejorar el servicio o el pago del personal que atiende a los niños. Sucede, sin embargo, que la investigación ha revelado una "contabilidad paralela" en la que figura el cobro de sobresueldos.

La delegada de la Xunta en Vigo, María José Bravo, avanzó la semana pasada que varios directores sancionados ya habían recurrido por la vía de lo contencioso-administrativo, para lo que los interesados tienen de plazo dos meses.

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