El CEIP "Ciutat de Cremona" denuncia "la injusticia" de Educación con su centro
La comunidad educativa del CEIP "Ciutat de Cremona" de Alaquàs ha denunciado la "injusticia" que la Conselleria de Educación ha cometido con su centro, al habilitar la línea que ellos habían reclamado al colegio vecino "Villa d'Alaquàs" que, según ellos mismos, "ni la necesita ni la quiere". Tras 104 días de lucha para reclamar esa aula, miembros de la Plataforma Colegio Cremona han comparecido en rueda de prensa para responder al anuncio de la consellera de Educación, María José Català, sobre la habilitación de ese aula en Alaquàs a otro colegio, según han explicado en un comunicado.
Han asegurado que es "mentira", como dice Català, que se haya mostrado dialogante y receptiva con ellos y que "nunca ha mostrado ningún tipo de apoyo a las familias que se encuentran ahora en una situación que ella misma ha provocado con una clara intención política". Igualmente, la acusan de "mentir" por decir que el descenso de natalidad en la localidad había requerido reorganizar las aulas y que el proceso de matriculación se ha realizado de forma normal.
"Por primera vez en la historia, tres inspectores convocan a las familias afectadas para explicarles el proceso de matriculación con la intención real de presionarlas para que no soliciten en Cremona y por primera vez en la historia un colegio recibe presiones para solicitar una habilitación sin sentido y se concede a un colegio que no la quiere", han apuntado.
Según han dicho, también es "mentira" que con esa decisión hayan atendido a la petición de la comisión de escolarización porque ésta es técnica y solo organiza la solicitudes y fue el consejo escolar municipal, a quien la ley atribuye las competencias para habilitar unidades, quien propuso habilitarla en el Ciutat de Cremona.
La plataforma ha informado de que el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat ha admitido a trámite la demanda que interpusieron por considerar que el arreglo escolar no era justo y ha asegurado que seguirán luchando para "acabar con el sufrimiento de 28 familias" que llevan 104 días luchando en busca de una respuesta "justa y razonable".