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El Gobierno aprueba la reforma de la Formación Profesional para el empleo

Con esta reforma, el Ejecutivo refuerza la transparencia y crea una Unidad Especial de Inspección para evitar el fraude en los cursos y la obtención irregular de ayudas, en la que los agentes sociales quedan fuera de su gestión económica.
MagisnetMartes, 24 de marzo de 2015
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El Consejo de Ministros de 20 de marzo ha aprobado un Real Decreto Ley para la reforma urgente del sistema de Formación Profesional para el empleo en el ámbito laboral. «Esta transformación del sistema de Formación Profesional para el empleo permitirá, en un contexto de recuperación económica, contribuir a la competitividad empresarial y mejorar la empleabilidad y promoción profesional de los trabajadores», según el Gobierno. Se trata de ahondar en la nueva cultura del empleo en la que nuestro país está inmersa, garantizando el derecho a la formación permanente introducido en la reforma laboral de 2012.

La reforma ha sido fruto de un amplio proceso de diálogo y participación con los agentes sociales que comenzó en el Acuerdo de propuestas para la negociación tripartita para fortalecer el crecimiento económico y el empleo, del 29 de julio de 2014, firmado por el presidente del Gobierno y los interlocutores sociales (CCOO, UGT, CEOE y Cepyme). En este acuerdo se puso de manifiesto el papel prioritario de la formación en el contexto de recuperación pero, también, la necesidad de culminar la transformación del sistema.

Con esta reforma, el Ejecutivo refuerza la transparencia y crea una Unidad Especial de Inspección para evitar el fraude en los cursos y la obtención irregular de ayudas, en la que los agentes sociales quedan fuera de su gestión económica. El gobierno catalán comparte la necesidad de que se lleve a cabo esta reforma, aunque considera, al igual que los sindicatos, que se debería haber tramitado «con algo más de transparencia y menos secretismo». La Generalitat lamenta asimismo que no se haya hecho con el suficiente consenso con los agentes sociales, a la vez que cree que puede contener aspectos recentralizadores, «en línea con otras políticas que se impulsan desde el Gobierno estatal».

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