Rajoy suspenderá los efectos académicos de las "reválidas" hasta que haya un pacto
«Se abre ante nosotros la oportunidad de lograr definitivamente un Pacto Nacional por la Educación», ha enfatizado en el discurso en de investidura en el pleno del Congreso. Por ello, ha invitado a los grupos parlamentarios a trabajar todos con «ánimo constructivo» a favor de un modelo «estable» que atienda las necesidades de cada uno de los alumnos, que garantice la igualdad de oportunidades, pero, sobre todo, que ponga el acento «en la eficacia y en la calidad».
Así, en el primer mes de gobierno, como acordó con Ciudadanos, ha recordado Rajoy, propondrá a la Cámara la creación de una subcomisión parlamentaria que permita la elaboración de un «acuerdo consensuado en el plazo de seis meses».
PSOE y Ciudadanos habían llegado el martes a un acuerdo de propuesta conjunta para la constitución de una subcomisión en el Congreso que elaborara en seis meses un informe para un gran acuerdo educativo social y político y que permitiese la elaboración de una «nueva» ley de enseñanza, que «sustituya» a la Lomce.
Según Rajoy, el acuerdo debe contar, además, con el «consenso y la colaboración de la comunidad educativa» y debe incluir, entre otras cuestiones: un Estatuto del personal docente, la reforma del sistema de gobernanza de las universidades y un programa de refuerzo educativo para luchar contra el fracaso escolar. Además del impulso de la FP, de manera que 100.000 alumnos más puedan acceder al la modaldiad dual por sus buenos resultados.
Sobre las «reválidas» y sus efectos
Con respecto a las «reválidas», el ministro de Educación en funciones, Íñigo Méndez de Vigo, ha subrayado que, «más allá» del curso 2016-17, se «suspenderán» los efectos académicos de las evaluaciones finales hasta alcanzar un pacto educativo, pero será obligatorio superar la de Bachillerato para ir a la universidad, ha precisado.
Esas nuevas pruebas son obligatorias desde este mismo curso (2016-17) para todos los alumnos que terminen ESO y Bachillerato, pero la propia Lomce dice que no tendrán efectos para obtener los títulos de esas etapas en esta primera ocasión, sino a partir del 2017-18. Esto significa que habría que reformar la ley educativa para que tales evaluaciones finales tampoco tengan repercusiones académicas después del curso actual.
Sí que contará ya la evaluación de Bachillerato para los alumnos que deseen entrar en la universidad, pues sustituye a la anterior Prueba de Acceso a la Universidad (PAU), también conocida como selectividad, que ha desaparecido. En este caso, la nota de acceso universitario será la media ponderada entre la calificación de los propios estudios de Bachillerato y la de la prueba final.
Sobre este examen, Méndez de Vigo ha dicho que ha sido «negociado y acordado» con la Conferencia de Rectores para que sea «muy parecido» a la anterior PAU. El Ministerio sacará «próximamente» una orden de características y organización de la prueba. «Creo que las evaluaciones son necesarias porque el sistema que no se evalúa, se devalúa, y hay que hacerlo y debatirlo con la comunidad educativa cómo y cuándo hacerlo», ha defendido.
El ministro ha insistido en la voluntad del gobierno del PP de llegar a ese Pacto Nacional por la Educación, que también desean los partidos, y que «demanda la gente» y la revolución tecnológica y digital. Se trata de «dar seguridad, certidumbre durante 10 o 15 años a familias y a docentes para mejorar la calidad del sistema educativo», ha enfatizado.