La consejera de Aragón lleva el pacto a las Cortes para conseguir que sea también político

La consejera de Educación de Aragón, Mayte Pérez, entregó el pasado mes a la presidenta de las Cortes, Violeta Barba, el Pacto Social por la Educación consensuado en el Consejo Escolar autonómico para que se inicie el debate parlamentario y el documento consiga el apellido de Pacto Social y Político por la Educación.

El texto reúne 249 acciones con las que se persigue mejorar el sistema educativo aragonés y se sustenta en cuatro pilares básicos: calidad, equidad, participación y planificación educativa. Ha sido fruto de un largo proceso participativo y un año de trabajo en documentación, reuniones y debates en el Consejo Escolar de Aragón. Ahora se tramitará en una comisión especial de estudio creada en las Cortes. En ella, los grupos parlamentarios debatirán el documento.

“Para nosotros es un día muy importante porque entendemos que la estabilidad del sistema educativo debe estar por encima de cualquier otro interés. Cuando llegamos al Gobierno teníamos la convicción plena de que conseguir esa estabilidad y seguridad para toda la comunidad educativa era la prioridad”, explicó la consejera. Por ello, encargó al Consejo Escolar de Aragón que elaborara un diagnóstico del sistema y un documento de pacto social que sirviera de base para convertirse también en político y blindara así el sistema.

Algunos puntos
El pacto recoge, entre otros aspectos, la universalización de la Educación de 0 a 18 años; la protección de la Educación en el medio rural, a través de la creación de un Observatorio y un Plan estratégico que permita garantizar el mantenimiento de la escuela rural; el fomento de la participación real, comprometida y activa de toda la comunidad educativa; y una apuesta clara por articular mecanismos que corrijan las desigualdades sociales y culturales, tanto en el acceso al sistema educativo como su permanencia en el mismo.

Asimismo, el texto incide en desarrollar acciones encaminadas a mejorar la calidad de la enseñanza y, como consecuencia, garantizar el éxito del alumnado. También apuesta por la innovación educativa y la implicación activa del profesorado. Para ello, introduce medidas de estímulo de la formación continua, la mejora de sus condiciones laborales y su reconocimiento social.

Los grupos parlamentarios de Podemos e IU en las Cortes de Aragón han criticado la ambigüedad del pacto y la falta de respaldo y consenso en la comunidad educativa al confeccionarlo, especialmente desde la escuela pública. Así se mostraron en una rueda de prensa celebrada el pasado 29 de diciembre en Zaragoza la portavoz de IU Aragón, Patricia Luquin, y el diputado de Podemos Carlos Gamarra, quien señaló que este pacto “deja fuera a buena parte de la comunidad educativa” y que se trata de un documento en el que la mayoría de las medidas “no son tales”, sino que se trata de “meras declaraciones de intenciones sin concretar”.

Críticas al pacto
Gamarra apreció que “no parece que la escuela pública salga muy bien parada” y acusó al PSOE de “acercar posturas con los titulares de los colegios privados y con las organizaciones empresariales que han votado en bloque”. El diputado criticó también algunos puntos como la asignación de plazas de alumnos con NEE o de origen social desfavorable entre centros públicos y privados con una financiación pública del 100%, un aspecto que “no se trata con realismo ni concreción”.

Por su parte, Luquin también mostró su oposición a que una de las propuestas del texto, la universalización de la Educación de 0 a 18 años, no tenga un marco competencial, un hecho que abre la puerta “al negocio y a la generalización de conciertos”.