Pública y Concertada esgrimen sus diferencias en la Comisión del Pacto
El secretario general de Escuelas Católicas, José María Alvira, compareció el 6 de marzo. En su intervención dejó claro que la primera condición para un pacto es la voluntad de “querer llegar a él”, por lo que no se entendería que algunas personas o grupos digan “que se quiere un pacto educativo para acabar con la escuela concertada”. “Eso no sería –añadió– un verdadero Pacto de Estado, pues no tendría en cuenta a un sector importante de la sociedad”.
Recordó, en este sentido, que Escuelas Católicas afilia a 2.000 centros que tienen algún nivel concertado, con más de 1,2 millones alumnos y 100.000 personas contratadas, de las que más de 80.000 son profesores. Estos números hacen que sea la entidad “más representativa de la enseñanza privada concertada en España y merecedora de que se la tenga en cuenta”. Por ello, se atrevió a pedir a todos los implicados y, en especial a los grupos políticos, las suficientes “dosis de buena voluntad” y de “altura de miras” para alcanzar ese gran acuerdo.
En su comparecencia realizó un diagnóstico de la situación actual de la Educación; se refirió a los conciertos y defendió “el principio fundamental de libertad de enseñanza que posibilita la existencia de centros con proyectos educativos propios para atender a la pluralidad de nuestra sociedad”.
Habló también de la “necesaria presencia” de la Religión en la escuela basándose no ya en acuerdos internacionales sino en su propia relevancia para la formación de los alumnos.
Finalmente, presentó como propuesta una serie de criterios que, desde el punto de vista de Escuelas Católicas, deben salvaguardarse en el futuro Pacto de Estado por la Educación.
Por su parte, el presidente de la Confederación Española de Centros de Enseñanza (CECE), Alfonso Aguiló, pidió evitar, durante su comparecencia el 7 de marzo, los enfrentamientos entre la enseñanza pública, cuya excelencia desea, y la privada concertada porque oponerlas es un “atavismo”.
Pluralidad educativa
Para un gran acuerdo educativo se necesitan todas las partes del sistema, la sociedad está cansada de la “ideologización” de la Educación y de los frentes políticos, enfatizó.
“El mayor enemigo del pacto –dijo– es no reconocer la pluralidad, subrayar las diferencias con el otro”. Y justificó la financiación pública de la enseñanza privada para que “no sea una opción solo de las familias que pueden pagarla, sino para garantizar una oferta plural y la igualdad de oportunidades en la elección de centro”.
Y si la financiación de los conciertos fuera “más real”, los centros no tendrían que “mendigar pagos voluntarios” de los padres, aseguró. “El tamaño del sector de la escuela concertada lo deben decidir los ciudadanos cuando la eligen”, añadió.
Aguiló pidió también aumentar la financiación con fondos públicos de la escolarización de 0 a 3 años en proporciones similares a la de 3 a 6 años.
Igualmente, señaló, se trata de “avanzar” en la financiación pública de la Educación hasta los 18 años de manera generalizada, aunque no sea obligatoria.
También se mostró partidario de la “presencia escolar de la Religión, aunque otra cosa es si debe computar para pasar de curso y optar a becas”. Y mostró la disposición de la Concertada a estar “más presente en las zonas rurales, aumentar su participación en la escolarización de alumnos con necesidades especiales e inmigrantes”.
Sobre la enseñanza diferenciada, consideró que “pensar que es contraria a la igualdad es una idea un poco antigua”.
Representantes sindicales
Por otro lado, algunos representantes sindicales exigieron la reversión de los recortes y la paralización de la Lomce para alcanzar un pacto educativo, algo que UGT puso como “condición previa”, mientras que STES cree que el “único acuerdo posible es por la escuela pública y laica”.
En nombre de UGT, Maribel Loranca defendió un acuerdo territorial, social y político “de mínimos” que proporcione estabilidad al sistema educativo.
Según Voro Benavent, de STES, se está dando un “desmantelamiento” de la escuela pública con la “excusa de la crisis”, además de pedir que se “frenen” los avances cada vez “mayores” de la concertación educativa, rescindir los conciertos de la enseñanza diferenciada y eliminar la asignatura de Religión.
CSI-F instó a los grupos parlamentarios a lograr un pacto que dé respuesta a la situación de “emergencia educativa” tras la “aberración de siete leyes” de enseñanza durante la democracia.
Su presidente del sector de Enseñanza, Mario Gutiérrez, reprochó que las sucesivas reformas educativas se hayan hecho sin contar con el profesorado y, como ejemplo, indicó que el 90 % no entendía en qué consistía el aprendizaje por competencias introducido por la Lomce.
Gutiérrez reclamó la estabilidad de la estructura básica del sistema educativo para dar certidumbre a los alumnos, así como directrices comunes para la promoción de curso y etapa y la titulación; itinerarios “reversibles”; y un currículum básico adaptable de cada materia para garantizar la estabilidad de las plantillas y aumentarlas. También defendió una inversión mínima del 7% del PIB, siempre asegurando unas dotaciones mínimas de infraestructuras y profesorado.
Gutiérrez demandó que se potencie la enseñanza pública, sin querer desprestigiar la privada concertada; aseguró que la FP tiene que ser “cara para que sea buena”, y nadie puede quedarse “sin estudiar por razones económicas”.
El secretario de Enseñanza de USO, Antonio Amate, invitó a la “moderación”. Sobre la escuela pública y la concertada, opinó que lo mejor es “respetar el statu quo del artículo 27 de la Constitución”.
También pidió “ampliar la gratuidad” de las enseñanza de 0 a 18 años, revisar el currículum escolar, que es “inmenso”, y la carrera docente, pues ahora es “deprimente”; y un plan de formación “potente”.
“El concierto no es solo la gratuidad de la enseñanza, sino que responde al derecho constitucional de libertad de elección de centro”, afirmó el secretario general de FSIE (sindicato mayoritario en la Concertada), Jesús Pueyo, en su comparecencia. Pueyo demandó una ley que regule la carrera profesional de todos los docentes y la obligatoriedad de una “formación específica y gratuita” hasta los 18 años, compatible con el trabajo a partir de los 16 años. Como preparación previa del profesorado, propuso al menos dos años de prácticas retribuidas y tutorizadas y demandó la equiparación de las condiciones labores y salariales de todo el profesorado.
Para el presidente de Acade, Jesús Núñez, libertad de elección de centro y gratuidad “son dos derechos que deben ir de la mano”. Para eliminar las barreras económicas que tienen muchas familias para la elección de un centro privado es “imprescindible –dijo– modernizar el actual sistema de financiación de la Educación, a través de la desgravación fiscal de los gastos educativos, bonos escolares, o fórmulas análogas”.
Ana García, del Sindicato de Estudiantes, repasó los “ataques” a la Educación pública del PP y la Lomce “franquista”, hasta llegar a una situación de “emergencia social en la Educación pública”.
