Aragón recurre las cautelares que obligan a ofertar aulas concertadas suprimidas
El Gobierno de Aragón presentó recursos contra las medidas cautelares que le obligan a ofertar parte de las aulas concertadas que se había propuesto suprimir por criterios de programación y planificación escolar y porque no respondían a necesidades de escolarización.
En concreto, se presentaron los recursos de apelación sobre las nueve medidas cautelares que los juzgados de Zaragoza dictaron justo antes del proceso de escolarización, según informó el Ejecutivo.
El Departamento de Educación considera que sus resoluciones de reducción de conciertos están “ampliamente motivadas” y se han dictado con “plena justificación normativa”, puesto que la ley educativa no solo ampara, sino que obliga a las administraciones educativas a realizar un ejercicio de planificación y programación en relación con la oferta de plazas sostenidas con fondos públicos.
Asimismo, añade el Gobierno, el reglamento de conciertos y la Lomce establecen que en Educación Infantil hay que analizar toda la situación de la enseñanza concertada cada cuatro años.
Eso significa que la renovación no es automática, sino que las administraciones deben valorar si cada colegio privado sostenido con fondos públicos continúa cumpliendo la normativa vigente y sigue satisfaciendo las necesidades de escolarización donde se ubica.
Alegaciones
Por otro lado, se realizaron alegaciones con respecto a los tres centros en los que los juzgados habían dictado medidas cautelarísimas sin escuchar a la administración: “San Antonio de Padua”, “La Anunciata” y “María Auxiliadora”.
“Para la resolución definitiva de renovación de conciertos, estamos analizando toda la situación zona por zona y vamos a mantener el criterio de planificación y las necesidades de escolarización en aras de la responsabilidad que nos compete el Estatuto de Autonomía y la legislación”, afirmó la consejera de Educación, Mayte Pérez, en unas declaraciones facilitadas por el Gobierno.