Declaran nulo el contrato para el Informe PISA por importe de 72.360 euros

Esta conclusión se recoge en un dictamen emitido por los servicios jurídicos de la Consejería de Educación del gobierno murciano que coincide con el dictamen que ha emitido el Consejo Jurídico de la Región de Murcia (CJRM). Esos informes señalan que ello es así porque el régimen español de contratación pública revista un marcado carácter formal, de modo que expresamente se prohíbe que se pueda contratar de manera verbal, salvo que el contrato tenga carácter de emergencia, lo que no es el caso.

El contrato, se añade en el informe elaborado por los servicios jurídicos, formalizado de manera verbal, es nulo de pleno derecho, por resultar inválido el acto administrativo de adjudicación, adoptado al margen del procedimiento de contratación que hubiera debido tramitarse de manera preceptiva. Se recoge también en el mismo que «la nulidad del encargo verbal no puede ser fuente de obligaciones para la hacienda regional, por ser insubsanable y no admitir la convalidación, ya que no existe la posibilidad de fundamentar la validez de una actuación administrativa con transcendencia presupuestaria al margen de las normas reguladores de la disciplina jurídica del gasto público».

El dictamen del CJRM, por su parte, dice que la situación creada no puede perjudicar a la empresa a la que le fue adjudicado el encargo, «ya que se limitó a cumplir las órdenes de la administración». Y añade que la vía para reconocer la obligación del pago a la misma es la indemnización, no la contractual, ya que el contrato es inválido. Y esa solución –añade– consiste en elevar una propuesta al Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma para que este apruebe el pago, como indemnización, del coste del estudio.