Los sindicatos convocan nuevas huelgas desde marzo hasta junio en el País Vasco

Los sindicatos ELA, LAB y Steilas han convocado nuevas jornadas de huelga en la enseñanza pública no universitaria desde marzo hasta junio, con la matización de que no se mantendrán si en este tiempo se producen avances en la negociación con el Departamento de Educación del Gobierno vasco.

Representantes de las citadas centrales comparecieron el pasado jueves en una rueda de prensa para difundir el nuevo calendario de movilizaciones, que incluye dos jornadas de huelga los días 14 y 15 de marzo; una semana de huelga por sectores a partir de abril, y otro día de huelga conjunta para el 12 de junio. El calendario de paros se suspendería si el Departamento les traslada ahora “propuestas concretas y con fecha de aplicación”, según precisó Ana Pérez, de Steilas.

Las medidas exigidas por los sindicatos son, entre otras, aumentar progresivamente la inversión en Educación del 3,5% actual hasta el 6% establecido por la Unesco; aumentar en 2.000 personas la plantilla, y reducir al 6% la “enorme” tasa de temporalidad (38% en docentes; 41% en haurreskolas; 58% Educación Especial, y 63% cocina y limpieza).

También reivindican un descenso del 10 % en las ratios alumno-aula; realizar sustituciones desde el primer día; revertir el recorte salarial y no aplicar ni la Lomce ni los decretos Heziberri, que consideran “una mera adaptación” de la Lomce a Euskadi.

Familias “rehenes”
Por su parte, la consejera de Educación, Cristina Uriarte, considera “inadmisible” que los sindicatos “pretendan tomar como rehenes a miles de familias”. A juicio de la consejera, con esta actitud estas tres centrales demuestran una “nula voluntad de negociación para alcanzar acuerdos” y les recuerda que las jornadas de huelga coinciden con un periodo “muy crítico” como es el de la prematriculación. En este sentido, advierte de que esas huelgas pueden incidir en las decisiones de las familias a la hora de elegir los centros educativos para sus hijos.

Además, el Departamento de Educación considera que el último trimestre del curso escolar no puede soportar “continuas jornadas de huelga y movilizaciones” y dice que quienes las promuevan serán “directamente responsables de sus consecuencias académicas, organizativas y sociales”.