Asturias modifica el decreto del alumnado para implantar la Ley de Autoridad del Profesorado

El consejero de Educación de Asturias, Genaro Alonso, anunció el pasado jueves en la Junta General del Principado que la modificación del decreto 249/2007, de 26 de septiembre, que regula los derechos y deberes del alumnado, estará lista a finales de curso. Este cambio normativo es necesario para el posterior desarrollo de la Ley de Medidas de Autoridad del Profesorado. Para este fin, también será preciso revisar el decreto que regula la organización y funcionamiento del servicio jurídico y hace referencia a la asistencia jurídica del profesorado.

Los cambios en el decreto de derechos y deberes del alumnado afectan a 26 de sus 49 artículos y entre los más sustanciales se encuentran las competencias del profesorado para reforzar su autoridad y su intervención en la corrección de conductas. Asimismo, se prevén el deber de respeto al profesorado y la incorporación de nuevas conductas y la mención expresa a la gravedad de aquellas que afecten a la autoridad del docente.

Otro de los cambios tiene que ver con la presunción de veracidad, siempre que se documenten por escrito los hechos, incorporando una valoración de la gravedad que realiza el profesor agraviado y una propuesta de corrección.

El decreto del alumnado también se verá modificado en la reducción de los plazos a la mitad, para dar cumplimiento al principio de celeridad e inmediatez, así como en la incorporación de medidas provisionales para los casos en que, por la gravedad de los hechos cometidos, la presencia del alumno en el centro suponga un perjuicio o menoscabo de los derechos y de la dignidad del profesorado.

El titular de Educación subrayó que la modificación del decreto 249/2007 será revisada por el Consejo Escolar del Principado. El nuevo texto se someterá, asimismo, a un trámite de información pública que permitirá realizar alegaciones.

El Ejecutivo autonómico también deberá abordar el cambio del decreto 20/1997, por el que se regula la organización y funcionamiento del Servicio Jurídico. Una vez modificado, se elaborará una norma específica que regule y organice la asistencia jurídica del profesorado. Este nuevo texto favorecerá una posición procesal activa; es decir, permitirá al docente demandar a otra persona limitando la asistencia al contexto del ejercicio de su profesión.

Hasta 39 denuncias
Según el sindicato ANPE, el pasado curso se registraron 39 denuncias por casos de violencia verbal en las aulas asturianas, dificultades para dar clase a causa del ambiente lectivo, amenazas o agresiones físicas de alumnos y familias. El portavoz de Ciudadanos, Nicanor García, considera que la entrada en vigor de ese reglamento resulta esencial para que los profesores se sientan protegidos a la hora de participar en actividades extraescolares.