El Consejo Escolar propone que el Estado fije un mínimo de horas en castellano

El Consejo Escolar del Estado ha propuesto que la Administración del Estado fije una proporción mínima del uso de la lengua castellana en toda España, "como lengua oficial que es".
RedacciónMartes, 18 de diciembre de 2018
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Ponencia del Consejo Escolar del Estado

El máximo órgano consultivo del Gobierno en materia educativa ha incluido esta recomendación en su informe de ponencia sobre el anteproyecto con el que el Ejecutivo quiere derogar la Lomce y crear una nueva ley educativa. Precisamente el Consejo de Ministros del viernes dio una primera lectura al anteproyecto que defiende la ministra de Educación, Isabel Celaá.

La ministra especificó en la rueda de prensa posterior al Consejo que ahora es tiempo de consulta, ya que el Consejo Escolar del Estado y otras instituciones deben hacer sus dictámenes sobre el texto.

El informe del Consejo consta de 33 páginas y el apartado 60 lo dedica a la lengua castellana en la enseñanza. “Se da la circunstancia negativa en algunos puntos del Estado de asignar un uso marginal a la lengua castellana, de forma que no parece la lengua oficial de todo el Estado, y se incumple el artículo 3 de la Constitución cuando señala que todos los españoles tienen el deber de conocerla y el derecho a usarla”, dice el texto.

Se da la circunstancia negativa en algunos puntos del Estado de asignar un uso marginal a la lengua castellana

Además añade: “Al ser la lengua castellana patrimonio común de todos los españoles, no parece conveniente que la Administración central haga delegación total de su uso vehicular en el ámbito educativo a las administraciones autonómicas”. La reforma de Celaá prevé que sean las administraciones las que determinen el número de horas en lengua castellana.

Otras recomendaciones del Consejo pasan por una coordinación entre comunidades de las políticas educativas, fijar una financiación del sistema educativo, que las becas sean un derecho subjetivo y se elimine “el adelanto de dinero por parte de las familias” y que toda la ley incluya el concepto de “ruralidad”, como garantía de igualdad educativa, social, económica y demográfica.

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