La Rioja cambiará su gestión para lograr mayor equidad

La Rioja promoverá “una mayor equidad socioeconómica”, para que la libertad de elección de centro “no esté por encima del derecho a la igualdad de oportunidades del alumno”. Y lo hará a través de un nuevo decreto de escolarización “inclusiva” dentro de un plan de igualdad de oportunidades que revisará los criterios de zonificación y matriculación con el fin de “reducir el alto grado de segregación del alumnado en las aulas”.

El anuncio lo efectuó el consejero de Educación riojano, Luis Cacho, durante su comparecencia en el Parlamento regional, en la que desgranó las líneas estratégicas de su departamento para esta legislatura, que pasan por un “profundo cambio de paradigma educativo” hacia un “modelo innovador, basado en valores, el alumno y el desarrollo del docente”.

Cacho considera que se deben cambiar algunos de los criterios de gestión educativa de forma que garanticen el equilibrio en la composición socioeconómica, de género, de origen y de etnia. Para esta nueva escolarización se ampliará el servicio de transporte y se aumentarán las funciones de algunos de los profesionales vinculados directamente a mantener la convivencia en el centro, como los orientadores y los educadores sociales.

Con las miras también puestas en el objetivo de que la inversión en Educación crezca hasta el 5% en 2025, el modelo planteado por Cacho para “maximizar la equidad e inclusión” busca además afianzar el papel central de la escuela pública “como espacio de todas las personas”, con el complemento de la Educación concertada y privada.

El consejero reafirmó la posición de la Educación pública como “eje vertebrador” que debe garantizar “los derechos fundamentales de todos los ciudadanos” y velar por una política educativa “de interés general que optimice el uso de los recursos públicos en función del beneficio social final”. Aludió en este punto a una posible “reducción progresiva del peso económico de los conciertos educativos, salvo que se constaten principios como una clara necesidad por insuficiencia de cobertura pública o una clara complementariedad de los ciclos y especialidades propuestos”.

Estas declaraciones han provocado el malestar de Escuelas Católicas y la Federación de Sindicatos Independientes de Educación (FSIE). La primera aseveró que “algunas de las intenciones manifestadas, de hacerse realidad, podrían conculcar derechos fundamentales”. Defiende que la Concertada “garantiza la libertad de elección de los padres reconocida en la Constitución”, por lo que los conciertos “deberían regirse por la demanda de las familias y no por criterios estrictamente planificadores de la Administración”.

FSIE ve “difícil” que Cacho acierte “si parte de premisas que carecen de un análisis y una evaluación rigurosa del sistema educativo riojano”.

La Concertada escolariza a más de 16.000 estudiantes, el 30 % del alumnado.

• La intención es evitar “la formación de centros gueto” y enfocar la diversidad de los centros “desde la diversidad pedagógica de sus modelos y no desde la composición de su alumnado”.
• Se actuará “de forma diferenciada y urgente” en los centros con mayor desequilibrio y se definirá “un nuevo proceso de prematriculación, con ventanilla única y una aplicación informática”.
• El cambio se realizará de manera “progresiva y controlada” respetando derechos de la escolarización actual como las unidades familiares o los hermanos.
• Se trata de un proceso “delicado”, que aun “no está suficientemente maduro como para analizarlo en detalle” y que aumentará las funciones de los profesionales vinculados a mantener la convivencia.