Celaá dará prioridad a la FP y aspira a alcanzar un acuerdo en esta materia

En su toma de posesión, Celaá ha advertido de que la FP en España no puede ser «la hermana pobre», sino una formación «fuerte», ya que según los últimos datos de la EPA –ha dicho– sólo un 50% de la población activa está titulada y, en 2025 prácticamente la mitad de la oferta de los puestos de trabajo a nivel europeo van a requerir esa cualificación media que brinda la FP. Para ello, desde el Ministerio ofertarán títulos de FP on line, de manera modular y títulos a la carta.

Además, ha explicado que se unificarán en Educación las competencias en FP que ahora están en Empleo «superando esa división existente hasta entre la formación inicial y la formación permanente a lo largo de la vida». Y ha anunciado que a los 183 títulos de FP existentes se les va a añadir un módulo de digitalización y van a generar 80 nuevos títulos y crear, a lo largo de la legislatura, 200 nuevas plazas de oferta de FP con las comunidades.

«La FP tiene que ser una joya a cuidar y ahí espero tener un fuerte respaldo entre comunidades autónomas, Ministerio, fuerzas políticas y agentes sociales», ha dicho.

Por último, ha apostado por la Educación pública como eje vertebrador de todo el sistema «sin ser un menoscabo» para la Educación concertada, también sostenida con fondos públicos, que «ha de cumplir con su función social y compartir aquellos esfuerzos con los que se enfrenta el sistema democrático». En este sentido, La Federación de Sindicatos Independientes de la Enseñanza (FSIE) ha pedido a la ministra la convocatoria urgente de la Mesa Sectorial de la Enseñanza Concertada ante su preocupación «por algunas de las medidas pactadas» por los socios del Gobierno de coalición.

Lo ha hecho mediante un escrito dirigido a Celaá registrado en el Ministerio, en el que solicita que se convoque la Mesa, que no se reúne desde hace más de un año, para que la ministra explique al sector sus objetivos y las medidas previstas. Además, FSIE, organización sindical mayoritaria en la enseñanza concertada, solicita que se pacte un calendario de negociación para abordar medidas que mejoren el sistema educativo de forma estable y duradera y que «en ningún caso supongan recortes a las libertades constitucionales ni ataques» a este tipo de enseñanza.

De lo que ya no habla la ministra es de un Pacto de Estado por la Educación, que tampoco figura en el acuerdo de Gobierno con Unidas Podemos, que sí recoge, en cambio, una propuesta de inversión educativa que asegure el 5% del PIB anual a Educación para el año 2025 y, por supuesto, una nueva Ley de Educación que derogará la Lomce, además de la gratuidad de la Infantil de 0 a 3 años, la digitalización educativa o la lucha contra la «segregación escolar», entre otras medidas.