Cataluña sigue adelante con su nuevo decreto de admisión

Como ya afirmó el consejero de Educación Josep Bargalló, la voluntad del Departamento sería sacar adelante el decreto de admisión de alumnos que pretende paliar, según el consejero, uno de los mayores problemas del sistema escolar: la segregación de alumnos por género en la escuela concertada, como desarrollo del pacto contra la segregación escolar.

En este sentido, el conseller insistió en que el texto del decreto «emanó de la comisión del Pacto Contra la Segregación, firmado por los ayuntamientos de municipios de más de 10.000 habitantes, así como por la mayoría del arco parlamentario, sindicatos y las patronales de las escuelas concertadas». Y proclamó que este busca «proteger derechos, no privilegios».

Por su parte, los Centros de Máxima Complejidad (CMC) pidieron formar parte, a través de la alegación realizada por el colectivo de Escuelas Contra la Segregación, de las mesas locales de planificación educativa, donde, según el proyecto, se definirá y programará la oferta educativa con la que se llevará a cabo el proceso de matrícula en cada localidad.

Además, según el proyecto de decreto, se tendrá en cuenta a todos los centros sufragados con fondos públicos. Dichas mesas determinarán las áreas de escolarización y, antes del proceso de preinscripción, deberán saber cuántos niños están en edad de cursar P3 y 1º de ESO y al igual, detectar cuantos de esos alumnos cuentan con necesidades educativas específicas. Según pronunció Educación, esos alumnos «estarán contemplados en una reserva especial de plazas que formarán parte de una fase previa al proceso de preinscripción ordinario».

Por su parte, los representantes de los titulares, las familias y el personal trabajador de las escuelas concertadas presentaron un escrito de alegaciones contra el decreto de admisión de alumnos.

Una de las razones, según alegan, es que «no asegura una financiación suficiente para escolarizar a los alumnos, lo que provocará un sobrecoste que deberán sufragar los padres o generará la asfixia económica de la escuela».

Este texto fue presentado al Departamento de Educación por miembros de la Confederación Cristiana de Padres y Madres y alumnos de Cataluña y la Federación de Asociaciones de Padres y Madres de Escuelas Libres como representantes del colectivo.

Además, consideran que el decreto restringe la «elección educativa de los padres» y «otorga atribuciones impropias a las Oficinas Municipales de Escolarización y en las Comisiones de Garantías de Admisión».

Asimismo, los firmantes añaden que la conducta de la Administración en torno a estos procesos «no puede estar dirigida por directrices de eminente peso político ideologizado» y dejan abierta su «voluntad de diálogo».