Escuelas Católicas de Madrid muestra su preocupación ante la reforma educativa

Durante la II Asamblea de Titulares y Directores de Escuelas Católicas de Madrid (ECM) se ha alzado la voz contra una política que pretende más enfrentar y dividir que la paz y la cohesión. «¡Basta ya!» ha exigido la vicepresidenta de ECM, Rosario Cardo, ante «aquellos que quieren marginar a la escuela concertada». Cardo ha subrayado que por desgracia la política ha encontrado en la Educación un campo de batalla.

En este sentido, ECM ha manifestado su preocupación ante la inminente reforma educativa prevista por el Gobierno. «No es de recibo que el Gobierno plantee una nueva ley educativa que sitúa a la escuela concertada en la exclusión y subordinación respecto a la escuela pública», ha afirmado la vicepresidenta.

De esta forma, la viceconsejera de Política Educativa, Rocío Albert, ha defendido el derecho a elegir de las familias: “Llevamos 25 años garantizando la libertad de elección y vamos a seguir haciéndolo”. Según los datos que ha comentado Albert un 55% eligió la Pública, un 30%, la Concertada y un 15%, la Privada. Asimismo, Albert ha expresado su preocupación ante la nueva ley de Educación, ya que la ministra de Educación, Isabel Celaá, parece no haber recogido sus peticiones sobre libertad educativa. «Nos preocupa lo que dijo Celaá sobre que la libertad no le corresponde a las familias. Eso no es cierto».

Por último, en relación a las necesidades de la escuela concertada, la viceconsejera de Política Educativa ha asegurado su disposición a atenderlas, especialmente a aquellas que llevan tiempo demandándose, pero ha asegurado que actualmente en la Comunidad de Madrid «hay restricciones económicas».

El secretario general de Escuelas Católicas, José María Alvira, ha analizado la reforma educativa. «La justificación de esta reforma educativa se basa en la Lomce; es decir, se critica la ley anterior para justificar los cambios que van más allá de la Lomce«. Además, ha explicado los esfuerzos que están llevando a cabo para conseguir que el Gobierno admita ciertas modificaciones a través de enmiendas, que se puedan negociar con el Parlamento, ya que “la tendencia es suprimir la demanda social”.

También se ha referido al pin parental, señalando su sinsentido en los centros de Escuelas Católicas, ya que estos se basan en un proyecto educativo conocido y elegido por los padres.

Finalmente, durante más de cuatro horas se han abordado otros temas de actualidad jurídica y pedagógica que han sido de gran interés para los centros.