Las autonomías piden a Castells financiación para bajar tasas universitarias

Ha sido este lunes durante la primera reunión de la Conferencia General de Política Universitaria, presidida conjuntamente por Castells y el ministro de Ciencia e Innovación, Pedro Duque, y a la que han acudido todos los consejeros del ramo.

Las comunidades han expresado al ministro Castells –que no ha hecho declaraciones a la prensa– que la idea de bajar las tasas es buena pero que hay que estudiar cómo financiarla. «No podemos jugar con cifras sin saber el impacto y de dónde vienen los recursos», ha recalcado el consejero madrileño, Gerardo Sicilia, que ha calculado que para bajar en su región las tasas a los niveles de 2012 se necesitarían 120 millones de euros y ese es, por ejemplo, el presupuesto de Madrid en I+D+i.

«Veníamos con altas expectativas pero nos vamos con altas incertidumbres», ha dicho Sicilia a la salida de una reunión que ha durado más de tres horas. Este consejero ha recalcado que el tema financiero viene reflejado en la Ley Orgánica de Financiación de las comunidades autónomas (Lofca), artículo 3.1, que habla de «una actuación coordinada entre las comunidades y el Estado».

Castells «no ha explicado bien» lo que se pretende con la medida de bajar las tasas, sino que es algo «tomado como medida de Gobierno» en el que «no hay debate» con las autonomías, ha añadido.

El consejero de Murcia, Miguel Motas, ha pedido al ministro una «corresponsabilidad» al tratarse la suya de una comunidad «infrafinanciada», por lo que solo se podría conseguir «congelar las tasas». Castells ha sugerido, entre otras medidas para lograr esa bajada de tasas, que se podría llegar a «una especia de contrato programa», con el que el Ministerio les da a las comunidades una financiación concreta para las tasas, ha explicado Motas, que se ha mostrado a favor de ello.

Por su lado, la consejera de Castilla-La Mancha, Rosana Rodríguez, ha aseverado que una bajada de tasas «debe ir acompañada de una mejora del modelo de financiación» para contribuir de forma «más contundente» en beneficio del alumnado y llegar a la igualdad para que cualquier alumno tenga estudios universitarios. «Las tasas no deben ser una barrera» y la «disparidad» en los precios de las tasas debe reducirse, ha sugerido.

Para el consejero de Ciencia, Innovación y Universidad de Asturias, Borja Sánchez, ha recordado que los precios medios, en primera y segunda matrícula están por debajo de los del curso 2011-12” y que la intención del Ejecutivo asturiano pasa por seguir congelando las tasas para que éstas se mantengan entre las más bajas del país.

La consejera del País Vasco, Cristina Uriarte, ha subrayado que no se deben separar las políticas universitarias de las de investigación y que les preocupa ese desligamiento. En cuanto a las tasas, están congeladas desde 2014 en Euskadi y van a seguir estándolo en el siguiente curso, ha recalcado Uriarte, que ha aprovechado para trasladar al ministro la «preocupación» por el sistema de becas, ligada a la de tasas, ya que cree que se «atacan» sus competencias.

La consejera de Aragón, Maru Díaz, ha coincidido antes de entrar en la reunión en señalar que está muy bien anunciar una bajada de tasas universitarias desde el Ministerio pero que deben ir acompañadas de «más financiación para las comunidades». También ha valorado la propuesta hecha por Castells la semana pasada en cuanto a impulsar el mundo rural a través de iniciativas universitarias, especialmente utilizando infraestructuras de la UNED. Ha destacado que ya en su comunidad hubo un proyecto piloto sobre un «Erasmus rural».

Fue siendo ministro José Ignacio Wert cuando se estableció que el precio a pagar por los alumnos de primeras matrículas universitarias y másteres habilitantes (los obligatorios para ejercer algunas profesiones como derecho, arquitectura e ingenierías) podían fijarse dentro de unas horquillas, es decir, entre un mínimo y un máximo, que se fijó del 15 al 25% del coste total, y las comunidades elegían.

Antes de Wert era entre el cero y el 15% y todas las comunidades cobraban ese 15% a los alumnos. Con su sucesor, Íñigo Méndez de Vigo, se quitó el mínimo y las autonomías podían cobrar, como sigue ocurriendo en la actualidad, desde el cero al 25%. Es decir, en algunas comunidades pueden ser gratis las matrículas para grados y másteres habilitantes (pero en ninguna se ha establecido la gratuidad) y en otras se llega hasta el 25% del precio total de la matrícula.

Castells señaló la semana pasada, en la Comisión de Universidades, su intención de volver a los niveles previos al decreto de racionalización del gasto público en Educación (14/2012) mediante «acuerdos presupuestarios equitativos con las comunidades autónomas».