Lucas tilda a la Ley Celaá de "retroceso" respecto a la Lomce

Apenas aprobado el nuevo proyecto de ley de educación a nivel nacional el pasado martes, 3 de marzo, las reacciones no se han hecho esperar. La de la consejera de Educación de la Junta de Castilla y León, Rocío Lucas, ha sido concisa: espera la incorporación, vía enmiendas durante su tramitación parlamentaria, de las aportaciones de las comunidades autónomas.

Lucas se ha referido al Consejo de Ministros que ha dado luz verde a la nueva Ley Celaá como «el menos consensuado de la historia» y, según su visión, en el proceso han influido las «prisas». «Malas asesoras» de la ministra de Educación y Formación Profesional, ha declarado la titular de Educación.

A pesar de que Lucas mantuvo una reunión con Isabel Celaá hace menos de un mes (el 11 de febrero), la consejera lamenta que las comunidades no hayan tenido ocasión de «comentar» aspectos que les preocupan con anterioridad a la presentación del proyecto. Según Rocío Lucas, a las comunidades autónomas les «gustaría aportar» en aspectos que «no se abordan» en esta nueva norma educativa, como lo son el fracaso escolar, la repetición de cursos o la Formación Profesional Dual.

Las críticas por parte de la consejera pasan también por la sensación de una «vuelta a la LOE» –ley aprobada por el entonces presidente socialista, José Luis Rodríguez Zapatero– y una «contrarreforma» a la vigente Lomce. Lucas considera a esta situación como «un retroceso» si se tienen en cuenta que los índices educativos «mejoraron» cuando cambió esta ley en 2016.

La Educación concertada es uno de los puntos polémicos del proyecto de ley orgánica con la que se quiere derogar la Lomce. En el documento se elimina el término «demanda social», lo que conlleva a priorizar los centros que apliquen el principio de coeducación y no separen al alumnado por género u orientación sexual.

Este punto puede afectar directamente a los centros concertados, que con la Ley Wert han podido aumentar sus plazas a petición de las familias. Respecto a este tema, Rocío Lucas ha pedido que «los principios constitucionales se respeten» y ha anunciado que se mantendrán «muy vigilantes» a los posteriores desarrollos de la ley a través de reales decretos, ya que en estos se determinará «si hay o no cierto riesgo ideológico».

  Por su parte, Escuelas Católicas Castilla y León considera que la Ley Celaá «sitúa a la enseñanza concertada como subsidiaria de la escuela pública» y «somete» la libertad de elección de las familias a la “planificación” administrativa, «poniendo en riesgo» la continuidad de numerosas unidades concertadas.