Incertidumbre de la comunidad educativa ante el plan de Celaá

En septiembre de 2020, las aulas donde antes cabían 30 alumnos podrían acoger tan solo al 50%. Así lo ha sugerido la ministra de Educación y Ciencia, Isabel Celaá, ante el panorama menos que probable de que se encuentre una vacuna para la covid-19.

Unas declaraciones que la Junta de Castilla y León no ha entrado a valorar por no haber sido aún aprobadas, pero que no han hecho sino acrecentar la falta de certezas en las secciones de enseñanza de los sindicatos y las asociaciones de padres y madres de Castilla y León.

«No queremos que se lance un globo sonda que aumente la incertidumbre entre la comunidad educativa», ha declarado Isabel Madruga, presidenta del Sector Autonómico de Educación de CSIF en Castilla y León.

Madruga recuerda que, desde su sindicato, rechazan «cualquier tipo de improvisación» y que, en cuanto a la posible reducción de ratios del curso que viene, esta se tendría que llevar acabo «solo si va acompañada de la dotación suficiente de profesorado.»

Una opinión que también comparten en Stecyl. «Es una medida poco reflexionada y muy compleja que solo sería posible con un incremento de recursos», argumenta su portavoz, Christina Fulconis, que critica haberse enterado de la propuesta a través de los medios de comunicación.

«Esperemos que den más información de cuál es su pretensión al respecto», añade respecto a la Conferencia Sectorial que se celebra esta semana.

La falta de información que genera incertidumbre es algo que también denuncian desde ANPE. «Nos hemos enterado por la prensa», asegura Pilar Gredilla, presidenta del sindicato en la Comunidad.

«Está lejos de la realidad educativa en las etapas de Infantil y Primaria, y no digamos en los cursos superiores donde cada área la imparte un profesor», afirma.

Las tres organizaciones también coinciden en que la vuelta a la actividad docente presencial ha de realizarse, necesariamente, bajo condiciones que garanticen las medidas higiénicas y de sanidad. «Hablamos de desinfección de centros, adquisición de equipos de protección individual y un largo etcétera», asegura Madruga.

Además, todas estiman indispensable que las autoridades competentes negocien con los representantes del profesorado un plan de finalización de este curso e inicio del que viene, además de unas pautas respecto al refuerzo escolar.

Respecto a la conciliación familiar, David Moya, presidente de Confapacal, asegura que ante una posible vuelta a las aulas «nos vemos indefensos» y alerta de que posibles subvenciones para familias que tengan que pedir excedencias o reducción de jornadas «no son una solución».