Ramón Caballero: “Castells no ha hecho nada para acabar con la precariedad del profesorado asociado”

A mediados de julio tuvisteis los sindicatos una reunión con el ministro de universidades, Castells, para abordar la mejora del Estatuto de los PDI (personal docente e investigador). Pero tras aquel encuentro, CCOO, UGT, CSIF, os mostrasteis contrarios al esbozo que se os presentó del mismo. ¿En qué punto se encuentra la negociación ahora?

–Estamos teniendo reuniones CSIF, UGT y CCOO para debatir el anteproyecto de ley por el que se modificaría la Ley Orgánica de Universidades y para el Estatuto de los PDI. Son reuniones que el Ministerio está también haciendo en paralelo con otros colectivos e instituciones (CRUE, Regiones, Consejos Sociales y Asociaciones), nos parecen bien ésas. Pero en el caso concreto del Estatuto de los PDI según la ley y normativa española tiene que haber una mesa de negociación auténtica porque son temas laborales.

La primera reunión fue el 13 de julio y fue fallida, nos presentaron una propuesta de borrador que a todos los sindicatos nos pareció errónea y que para CSIF requiere una enmienda a la totalidad. Luego se nos convocó a otra el 31 de julio donde les envíamos antes una valoración y proposiciones ante las propuestas harto peligrosas recogidas en el borrador. Es un cambio que genera mucha incertidumbre, faltan detalles en la figura del PDI; hay ausencia de la Memoria económica; no hay coordinación entre la regulación de la LOU y el PDI e incluso hay contradicciones entre ambas normas.

Por otro lado, y esto es gravísimo: el Ministerio propone la laboralización de la plantilla de PDI frente a la disminución del cuerpo universitario. Es decir, crea una carrera paralela frente al cuerpo funcionarial proponiendo las figuras de Profesor Titular y Catedrático laboral. Esto va a fomentar duplicidades y a favorecer las arbitrariedades según las comunidades autónomas.

¿Cómo es posible que un equipo ministerial encabezado por Castells con vasta experiencia en el mundo universitario español e internacional haya hecho esa propuesta de borrador del Estatuto de los PDI?

–Es sorprendente, pero si hurgas en el pasado universitario de Castells se ve que ha estado vinculado en los últimos 30 años al modelo anglosajón, muy distinto del español, y por otro lado creemos que es una contradicción la laboralización de la plantilla frente a los cuerpos docentes universitarios.

Creemos que va contra la estabilidad y seguridad que puede generar el extrapolar este modelo catalán al resto de universidades públicas españolas y regiones porque los propios docentes catalanes están en contra de este modelo y demandan la convocatoria de plazas para los cuerpos docentes universitarios.

En España en todas las etapas educativas desde la Infantil hasta la universidad se aboga por el modelo funcionarial, ¿a qué viene proponer el crecimiento de la precariedad en un modelo ya de por sí inestable e inseguro?

A finales de julio se alcanzó un acuerdo importantísimo entre la UE y sus países miembros para financiar la vida durante el final de la pandemia y la postpandemia. ¿Hasta qué punto están el ministro de Universidades y sus colegas consejeros de Educación dispuestos a financiar con parte de esos fondos las necesidades del sistema universitario español?

–Todavía no hay nada seguro sobre cuándo y cómo llegará esa financiación. Todos los actores coinciden en que será en 2021 cuando llegue esa financiación y se sepa qué partes de esos fondos podrán dedicarse a Educación y en concreto a universidades. A día de hoy solo tenemos constancia de que el gobierno aprobó destinar 400 millones para el inicio del curso universitario público, celebramos esta decisión que habíamos demandado para la formación del PAS y del PDI en nuevas tecnologías, para adaptar aulas, comprar más equipos, y para reforzar las plantillas de PDI y PAS. Pero a 27 de agosto esos 400 millones aún no han sido liberados.

Durante la última década se han justificado la precarización de la carrera docente e investigadora universitaria por los recortes exigidos a los gobiernos de España y de las 17 regiones por parte de Bruselas. ¿Qué ocurrirá si ahora que se han aprobado unas importantes fuentes de financiación para proyectos no se invirtieran para que el sistema universitario español dé un salto cualitativo?

–El problema es más complejo de lo que pudiera parecer en un principio. Un dato claro: las consecuencias para el I+D+i, en España el 70% lo desarrollan las universidades públicas. Es verdad que la UE alcanzó un acuerdo histórico de 750.000 millones de € para financiar la crisis, pero ese acuerdo tiene aspectos negativos porque se han recortado partidas como la del Programa Horizonte Europa 2020, que es el fondo clave para financiar el I+D+i en Europa, que ha pasado de 13.500 millones a solo 5.000 millones de €. España esperaba esos fondos como agua de mayo porque en muchos casos financian hasta el 30% de esas partidas en I+D+i.

¿Habrá partidas dentro de esas macroayudas que compensen los 8.500 millones de € recortados en el Programa Horizonte Europa 2020?

–Aquí, Pedro Sánchez presentó el Plan de Choque para el I+D+i en julio, pero todos los actores vinculados a la investigación lo consideran insuficiente y con una financiación poco realista. Los últimos datos oficiales de la Fundación Cotec habla de que la financiación europea en I+d+i entre 2009 y 2017 creció en la UE en un 22% y en España disminuyó en un 5,8%. Son casi un 28% de diferencia. ¿Dónde queda el manido discurso de que la I+d+i son la principal salida a la crisis actual?

Una tercera parte de los docentes e investigadores universitarios tienen contratos a tiempo parcial y que se renuevan año a año por un periodo de 3 años. Sin embargo, la realidad demuestra que cuando un profesor se implica preparando sus cursos, clases, dirigiendo TFG, corrigiendo pruebas de evaluación, investigando y escribiendo artículos o libros científicos, dedica jornadas completas a sus labores en la universidad.

¿Cuándo se va a acabar con ese evidente abuso de las administraciones públicas universitarias?

–El ejemplo evidente de esto es el grupo de los profesores asociados universitarios que a día de hoy supone casi el 34% de las plantillas de PDI, son 34.000 profesionales. Un profesorado asociado que no solo contribuye a la docencia, sino que hace cosas como la dirección de TFG y de TFM, con investigación y gestión y que ni se les reconocen ni se les pagan de manera digna. Llevamos años denunciando esta precariedad, y que toda reforma que se haga limite esta temporalidad y promueva el acceso a la carrera profesional. Y una vez dentro de la carrera académica facilitar la promoción, acabar con la tasa de reposición de los PDI, se han de convocar muchas plazas de PDI. La universidad no puede ejercer con dignidad sus tareas cuando una parte importante de su personal docente está en precario.

El Estatuto del PDI bien hecho y aplicado acabaría con ello y Castells ha defendido públicamente que hay que acabar con esa precariedad de ese colectivo y, sin embargo, en el texto que nos presentó no introduce casi ninguna actuación para acabar con esa situación. Hay que valorar la experiencia docente de cara a los futuros concursos de PDI.

Ese tipo de contratos son muy similares a los realizados por empresas privadas en el pasado (entre finales de los años 90 y toda la primera década del s. XXI) que les permitían renovar a un trabajador contratos por periodos de 6 meses durante 3 años. ¿Quién le va a poner el cascabel a los políticos que ejercen en lo público las mismas prácticas que denuncian en el sector privado a través de los medios de comunicación?

–[Se ríe y deja unos segundos para su reflexión]. Es complicado porque ni la situación actual ni las propuestas del Ministerio de Universidades indican que vayamos por el buen camino para aplicar soluciones. Según los últimos datos del Boletín Estadístico del Empleo Público que realiza el Ministerio de Administraciones Públicas sólo el 40,3% de profesores universitarios son funcionarios, mientras que el 59,7% son contratados laborales en sus diferentes figuras, incumpliendo con la Ley Orgánica de Universidades.

Has comentado que el Gobierno ha puesto 400 millones de € a disposición de las universidades públicas para iniciar el curso. ¿A día de hoy qué demandas de la comunidad docente e investigadora universitaria han sido satisfechas por el ministro de universidades y los consejeros de Educación para la puesta en marcha del curso 2020-21?

–Castells presentó un documento que rectificó al día siguiente de publicarlo, eliminando el Índice del Cálculo de Ocupación destinado a determinar el grado de presencialidad en las clases. Es verdad que hizo unas Recomendaciones el Ministerio a las universidades y a las regiones de cara al nuevo curso 2020-21 para adaptarlo a una presencialidad según las circunstancias. A partir de aquí cada región y sus universidades tenían que aprobar sus planes de estrategia para garantizar la salud y la seguridad. Tenían que estar ya aprobados esos Planes estratégicos en medidas de higiene, de ratios de alumnos por clase, con más profesorado, la docencia presencial y online, etc. Creemos que algunas universidades lo han hecho con rigor y seriedad, pero también otras están actuando con improvisación y descontrol de cara al inicio del curso. También afecta el nivel en que está afectada cada CCAA ahora por el Covid-19 que difiere según cada zona.

Al inicio del curso universitario, ¿será posible ajustar las necesidades de funcionamiento de las universidades públicas?

–Muchas universidades han hecho sus deberes haciendo obras para habilitar ciertos espacios, para adquirir equipos y plataformas digitales. Han sacado para ello esas inversiones de otros sitios. Ahora han de sacar plazas de profesores asociados para las nuevas necesidades académicas. La no llegada aún de esos 400 millones de € comprometidos por el gobierno nacional no compromete el inicio del próximo curso. El 31 de Agosto se ha celebrado una reunión entre el Ministerio de Universidades y la Comisión Delegada de Política Universitaria para insistir en la coordinación del inicio del curso. Ha habido una reunión con la Conferencia de Rectores el 3 de septiembre para estrechar esa coordinación y aplicar las medidas según las circunstancias de cada zona por la pandemia.

¿Qué espera que suceda finalmente en relación con la negociación del Estatudo del PDI?

–Ojalá la negociación del Estatuto del PDI llegara a buen puerto porque es una cuestión pendiente desde hace años, y esto exigirá tiempo porque supone modificar la Ley Orgánica y eso implica contar con muchos votos favorables en el Congreso de los Diputados, negociación. Sería la fórmula ideal para regular el acceso a la carrera universitaria y la promoción, y para dar seguridad y estabilidad a las distintas figuras de docentes e investigadores.