Educación prohíbe el uso de las plataformas gratuitas

A raíz de la crisis sanitaria causada por el Covid-19, los docentes encontraron en las plataformas gratuitas de Google, pero también de Microsoft y Apple, el aliado ideal para hacer frente a la enseñanza online.

No obstante, en este nuevo curso escolar, la Consejería de Educación de la región ha prohibido a institutos y colegios madrileños el uso de estas plataformas.

Así, fuentes del gabinete de prensa de la Consejería de la Comunidad de Madrid explicaron a MAGISTERIO que el uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación en los centros educativos de la región debe cumplir las políticas de seguridad de la información y privacidad de los datos personales.

Y, en este sentido, instaron al uso de EducaMadrid, la plataforma online del Gobierno regional, aunque el profesorado se opone a usarla por considerarla insuficiente, debido a sus carencias y fallos de conexión.

Desde MAGISTERIO también hablamos con Esteban Álvarez, presidente de la Asociación de Directores de Institutos de Madrid (Adimad), el cual expresó que no entienden el planteamiento de protección de datos de la región.

“No puede decir una comunidad que plataformas multinacionales que tienen implantación en todo el mundo no cumplen los criterios de España, cuando resulta que en otras comunidades autónomas, y en otros lugares, esta misma cuestión no está generando problemas”, expresó.

“Los propietarios de los datos de los alumnos somos los centros –continuó Álvarez–. Las plataformas disponen de mínima información. Puede ser la cuenta de correo electrónico con el número de expediente o las iniciales de sus nombres. Ahí no hay peligro”.

Y añadió: “Desde la Consejería nos han asegurado que están negociando convenios con dichas plataformas, por lo tanto, esperamos que se solucione este problema que no tendría que haber empezado”.

Por su parte, en una conversación mantenida con Isabel Galvín de CCOO-Madrid, la secretaria general expresó que rechazan absolutamente la prohibición impuesta desde Educación, ya que “la Consejería no ha sido capaz durante todos estos años, ni tampoco durante los últimos meses, de reforzar EducaMadrid. Eso hubiera sido lo lógico”.

Para Galvín, las plataformas educativas gratuitas son la alternativa que los profesores han encontrado a las deficiencias de la plataforma online del Gobierno regional.

“Es una traba más, ya que no solo no se dan recursos y no se refuerza EducaMadrid, sino que cuando los centros encuentran otras vías, se les obstaculizan y se les dificulta su trabajo. Educación tiene que rectificar esta actuación”, indicó.

Asimismo, en una conversación mantenida con Pedro Fernández-Cañadas Freire, el secretario de formación del sindicato ANPE-Madrid consideró que la Administración debe ser flexible y escuchar al profesorado que es, en definitiva, quien trabaja a diario con el alumnado.

«Se debería tratar de negociar con aquellas compañías que son demandadas por la comunidad educativa, para llegar a unos términos aptos de seguridad o, en su defecto, crear una plataforma familiar para los usuarios, accesible y con garantías de funcionamiento», concluyó.

Otra de las quejas por parte de la comunidad educativa proviene del acuerdo firmado entre la Comunidad de Madrid y la editorial Planeta con un valor de 15 millones de euros que provienen de fondos públicos.

De esta manera, los contenidos de aulaPlaneta se van a introducir en EducaMadrid, la plataforma online del Gobierno regional, y van a estar, de manera gratuita, a disposición del profesorado.

En este sentido, la secretaria de CCOO-Madrid, Isabel Galvín, expresó a MAGISTERIO: “La Consejería está buscando solventar las carencias existentes a través de un contrato de exclusividad que vulnera la autonomía de los centros y la libertad de cátedra. No se les está dando a los centros los recursos que se necesitan para el aprendizaje y la Educación online”.

Desde MAGISTERIO, también hablamos con Esteban Álvarez, presidente de la Asociación de Directores de Institutos de Madrid (Adimad), el cual no entiende por qué se ha llevado a cabo este contrato. “¿Con quién ha consultado este acuerdo la Comunidad de Madrid? ¿Quién se lo ha solicitado?”.

Así, Álvarez lamentó todo lo que podrían haber hecho si ese dinero hubiese llegado a los centros y si hubiesen tenido la autonomía para gastarlo como consideraran oportuno como, por ejemplo, en redes informáticas o en formación digital. «Este acuerdo refleja una política errática por parte de la Comunidad. Por ello, la mejor manera de no equivocarnos es trabajar en equipo».