El TSJ de Castilla-La Mancha declara "ilegales" las ratios
STE ha explicado en una nota de prensa que las ratios de las enseñanzas obligatorias se fijaron en la LOE, en el año 2006, con un máximo de 25 en Infantil y Primaria y 30 en Secundaria; mientras que en Bachillerato se fijaron en el Real Decreto 132/2010 en 35 alumnos y, en Formación Profesional, en el Real Decreto 1147/2011 en 30 alumnos. Y ha añadido que en abril de 2012, el PP dio la posibilidad de aumentarlas un 20% vía Real Decreto Ley, de manera transitoria, mientras perdurasen las condiciones excepcionales planteadas en esta regulación para la contención del gasto público. Entonces se elevaron a 30 alumnos en Infantil y Primaria, 36 en Secundaria, 40 en Bachillerato y 35 en FP.
El sindicato también ha recordado que las circunstancias excepcionales empezaron a revertirse desde 2015, año en el que la Administración volvió a convocar ofertas de empleo público y se aumentó la tasa de reposición por encima del límite fijado. Sin embargo, ha denunciado que la ampliación excepcional de la ratio no se vio modificada en la región, a pesar de que uno de los compromisos «estrella» con los que Emiliano García-Page llegó al gobierno castellanomanchego en 2016 fue su bajada paulatina para conseguir dejarlas en las cifras legales en el plazo de cuatro años.
STE ha insistido en que en 2016 ya no se daban las circunstancias que avalasen mantener las ratios al nivel excepcional planteado en 2012. Y ha informado de que el TSJCLM ha dictado sentencia estimando su última demanda y declarando nula la resolución sobre las ratios del curso 2019-20 y, por tanto, considerando «ilegales» las ratios fijadas por vulnerar una normativa de rango superior. Asimismo, y según el sindicato, se reconoce que las resoluciones que fijaban las ratios en 2016 y en los años siguientes también eran «contrarias a lo dispuesto en la normativa de rango superior».
STE ha celebrado esta sentencia que, como ha apuntado, «supone una gran victoria para toda la comunidad educativa y la mejora de la calidad de la enseñanza» y ha exigido a la Administración «que revierta de una vez por todas los recortes efectuados por el PP y vuelva a la legalidad vigente».