La urgencia del PSOE y el interés de la oposición en prorrogar la tramitación de la Lomloe

La Comisión de Educación del Congreso votó la semana pasada en contra de que la comunidad educativa participe en el trámite parlamentario actual de la reforma educativa del Gobierno, la Lomloe, con los votos, entre otros, de PSOE y Unidas Podemos.

Las comparecencias, que habían sido solicitadas por PP, Ciudadanos y Vox, no han salido adelante por 20 votos en contra y 16 a favor, ratificado el acuerdo anterior del 6 de octubre.
Mari Luz Martínez (PSOE) reconoció que hay “urgencia” en tramitar la Lomloe porque desde 2013 se quiere derogar y para ello están de acuerdo la mayoría de los grupos parlamentarios. Joan Mena (Unidas Podemos) ha dicho que no hay que caer en el interés de la derecha de “dilatar” el trámite parlamentario.

Por el contrario, Sandra Moneo (PP) recordó que con la Lomce hubo 50 comparecientes de la comunidad educativa y recalcó que no se puede decir ahora que ya es tarde para llamarles por estar en el debate de las enmiendas parciales, pues ya en junio ella pidió que acudieran representantes educativos.

Marta Martín (Ciudadanos), por su parte, calificó de “veto” y “atropello brutal” la negativa que acuda al Congreso la comunidad educativa y anunció que acudirá “donde haga falta” para denunciarlo. Georgina Trías (Vox) dijo al PSOE y a Unidas Podemos que “quedan retratados” con esta votación.

Trámite de enmiendas

La reforma educativa del Gobierno, tras superar las enmiendas totales de PP, Ciudadanos y Vox, debe enfrentarse ahora a las enmiendas parciales (más de 1.000) que han presentado los distintos grupos parlamentarios. Esta semana se abrirá la Ponencia o grupo de trabajo para examinar y votar las enmiendas dentro de la Comisión de Educación, y el texto que salga con las modificaciones oportunas se pasará al Congreso para su votación.

Los Inspectores de Educación también han criticado la negativa a que la comunidad educativa participe en el trámite parlamentario de la reforma y consideran que la nueva normativa «nace muerta». Así lo ha manifestado en un comunicado la Unión Sindical de Inspectores de Educación (USIE), que ha acusado al Gobierno de actuar de forma contradictoria al «defender la regeneración, al tiempo que evitan, por primera vez en democracia, dar voz a la comunidad educativa».

Los inspectores han advertido de que «el grado de imposición de un cambio educativo es inversamente proporcional a la eficacia de sus fines»..

Por su parte, la Confederación Estatal de Padres de Alumnos (Concapa) ha calificado de «actuación dictatorial» la decisión del Gobierno, al que ha acusado de impedir que la tramitación de la ley se desarrolle en un marco de consenso y diálogo.

Los padres católicos han criticado también la intención del Ejecutivo de «tratar de aprobar a toda prisa una ley educativa que elimina el derecho a la Educación de los hijos, impidiendo a los padres la elección de centro».

Para Pedro Huerta, secretario general de Escuelas Católicas, la reforma del Ejecutivo «va rompiendo consensos y presentando un bloque muy férreo», al tiempo que lamenta que no se vaya a poder escuchar a la comunidad educativa en esta fase de tramitación .

Además, advierte sobre «la complejidad del mismo texto» al ser una ley orgánica que modifica otra ley orgánica, de ahí su nombre, Ley Orgánica de Modificación de la Ley Orgánica de Educación (Lomloe), lo que «hará más compleja su aplicación».