El castellano ya no será lengua vehicular pero se "garantizará" el aprendizaje

Este jueves se tiene que votar en la Ponencia o grupo de trabajo sobre la Lomloe de la Comisión de Educación del Congreso una enmienda transaccional de los grupos parlamentarios de PSOE, Unidas Podemos y ERC que se ha conocido este martes y que ha levantado polémica al quitar precisamente el término de vehicular para el castellano en la enseñanza.

«La lengua vehicular no es un término que aparezca en la Constitución», ha recalcado a Efe la portavoz de Educación socialista en el Congreso, Luz Martínez Seijo, que ha remarcado que se va a ser tan «garantista» en la enmienda a votar que en su punto uno se vuelve al marco Constitucional y a la los estatutos de autonomía, es decir, a los derechos recogidos en la Carta Magna.

Se busca asegurar «el derecho a estudiar y a aprender ambas lenguas por igual» y la ley Celaá garantizará que todos los alumnos adquieran ambas competencias lingüísticas, del castellano y de la lengua cooficial de su comunidad, ha insistido. Además, en el «caso hipotético» de que se detectase que alguna de las dos lenguas está desequilibrada en la gestión de competencias, se establecerán «medidas compensatorias» para equilibrar la adquisición de competencias y que se garantice ese derecho, ha subrayado.

«Las lenguas tienen que ser motivo de cohesión, de cultura y, desde luego, de proceso de aprendizaje, pero nunca ni de disputa ni de enfrentamiento ni de nada por el estilo», ha enfatizado Luz Martínez Seijo.

Desde el Gobierno, la portavoz, María Jesús Montero, ha respaldado el diálogo entre los partidos para llegar a acuerdos y que la Lomloe reconozca la pluralidad lingüística. En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Montero ha dicho: «Hay que hablar y dialogar con el conjunto de fuerzas» para conseguir un texto que reconozca «la diversidad, la libertad y la situación del país, tanto en términos de pluralidad cultural como pluralidad lingüística».

Además de reflejar la capacidad de cada uno, en función de la igualdad de oportunidades, de que «se puedan expresar en las condiciones que le marca su propio territorio», ha argumentado Montero, que ha recordado que la ministra de Educación, Isabel Celaá, quiere que la ley cuente «con la mayor participación y consensos». «Hay que esperar a los debates que se producen en la Comisión de Educación a que lleguemos a un consenso para que la ley tenga perdurabilidad a lo largo de los próximos años, ha insistido.

No obstante, la enmienda al articulado de la Lomloe a votar el jueves «aún no está cerrada» pues «se está debatiendo aún», han señalado a Efe fuentes parlamentarias. Dicha enmienda sobre el castellano cambiaría lo que se dice en el proyecto de la Lomloe: «Las Administraciones educativas garantizarán el derecho de los alumnos y las alumnas a recibir enseñanzas en castellano, lengua oficial del Estado, y en las demás lenguas cooficiales en sus respectivos territorios. El castellano y las lenguas cooficiales tienen la consideración de lenguas vehiculares, de acuerdo con la normativa aplicable».

El portavoz de ERC, Gabriel Rufián, ha puesto un tuit –»más allá del ruido hay política»– en relación al debate sobre esta enmienda. Fuentes de esa formación han comentado a Efe que «el objetivo» de su enmienda «es blindar el catalán como lengua vehicular».

Por su parte, la portavoz de Educación de Ciudadanos, Marta Martín, ha escrito en Twitter: «Es gravísimo toda la Lomloe»

El PP ha preguntado este martes en el Senado por la cuestión a Isabel Celaá, pero esta se ha limitado a contestar el motivo de la pregunta registrada, que versaba sobre la Educación concertada. La ministra se ha limitado a pedir al PP que defienda la Educación pública, que «necesita defensa», para ser «potente, extraordinaria, que aporte más seguridad a todos y valor a los más vulnerables».

En la actual ley educativa, la Lomce, se establece que «el castellano es lengua vehicular de la enseñanza en todo el Estado y las lenguas cooficiales lo son también en las respectivas comunidades autónomas, de acuerdo con sus Estatutos y normativa aplicable». Y obligaba a que «la Administración educativa deberá garantizar una oferta docente sostenida con fondos públicos en la que el castellano sea utilizado como lengua vehicular en una proporción razonable».

Corresponde, según la Lomce, a la Alta Inspección del Estado «velar por el cumplimiento de las normas sobre utilización de lengua vehicular en las enseñanzas básicas». Y aunque luego fue anulada por el Tribunal Constitucional, la conocida también como ley Wert establecía una disposición adicional 38 por la que las comunidades pagarían el centro concertado o privado a aquellas familias que no pudieran escolarizar sus hijos en un colegio público con el castellano como lengua vehicular.

Por su parte, el Partido Popular recurrirá ante el Tribunal Constitucional la reforma educativa si finalmente no considera el castellano como vehicular y porque, a su juicio, «liquida» la libertad educativa.

El presidente del PP, Pablo Casado, ha anunciado en su cuenta oficial de Twitter el recurso de su partido, en el caso de que este jueves prospere la enmienda transaccional de los grupos parlamentarios de PSOE, Unidas Podemos y ERC, conocida ayer y que levantó polémica al eliminar el término de lengua vehicular para el castellano. «Recurriremos al Tribunal Constitucional la ley Celaá si el Gobierno y sus socios nacionalistas excluyen el castellano como lengua vehicular y liquidan la libertad educativa contra la concertada», ha escrito Casado. Y ha acusado a Sánchez de pretender «permanecer en el poder negociando el futuro de nuestros hijos».