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Sánchez esgrime la Constitución ante las protestas contra la Lomloe

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha considerado necesaria la reforma educativa impulsada por el Ejecutivo frente a las protestas de que ha sido objeto este domingo, y ha esgrimido la Constitución ante las críticas a la eliminación en ella del castellano como lengua vehicular.
RedacciónLunes, 23 de noviembre de 2020
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Al final de la protesta, los representantes de Más Plurales leyeron un manifiesto en el que volvieron a pedir la retirada de una ley que "apuesta por una escuela única y pública y que elimina la pluralidad educativa".

Sánchez ha sido preguntado por esas protestas contra la nueva reforma educativa, en la conferencia de prensa que ha ofrecida al término de la cumbre telemática de los líderes del G20.

El jefe del Ejecutivo no se ha referido en ningún momento de forma explícita a las movilizaciones de esta jornada, pero ha subrayado que es evidente que España necesitaba modernizar y reformar su sistema educativo. Eso es lo que asegura que hace la ley impulsada por el Gobierno y que ha recordado que ha sido refrendada por mayoría absoluta en el Congreso.

Tras señalar que la vigente hasta ahora solo fue apoyada por la mayoría absoluta con la que contaba el PP en su momento, ha insistido en que va a haber más modificaciones relacionadas con el ámbito educativo. Así, ha repetido, tal y como avanzó el pasado viernes en La Rioja, que se aprobará una nueva ley de Formación Profesional para consolidar la de carácter dual, que ha dicho que está infradesarrollada en España. «Lo que queremos es modernizar y garantizar la equidad y la excelencia en nuestro sistema educativo», ha añadido.

Respecto a las críticas relativas a la eliminación del castellano como lengua vehicular, se ha remitido al artículo 3 de la Constitución y al cumplimiento de las recomendaciones del Consejo de Europa. «Lo que se hace es garantizar en aquellos territorios donde no sólo se habla castellano, el que los estudiantes puedan aprender esos otros idiomas», ha añadido. Y ha recalcado, asimismo, que el Gobierno considera que la pluralidad lingüística es un enorme activo para la sociedad española y, por ello, la nueva ley cumple el mandato constitucional de garantizar la enseñanza, la Educación y el aprendizaje de las lenguas cooficiales.

Respecto a las críticas relativas a la eliminación del castellano como lengua vehicular, se ha remitido al artículo 3 de la Constitución y al cumplimiento de las recomendaciones del Consejo de Europa

Bajo el grito de “Libertad, libertad”, miles de manifestantes en más de 50 ciudades de toda España han salido a las calles para protestar por lo que consideran un «atropello a sus libertades democráticas y educativas». LalLey Celaá es una ley «partidista e ideológica que no aborda los problemas reales de la educación española», dicen. «Su único objetivo –añaden– es hacer más estatalista la Educación y reducir de manera drástica la pluralidad de nuestro sistema educativo actual, basado en la complementariedad de los modelos público y concertado».

Según la plataforma Concertados, la ley Celaá «impone un único modelo de Educación y elimina la libertad de las familias para elegir el tipo de enseñanza que desean para sus hijos, como se ha estado haciendo desde hace tres décadas hasta ahora sin problemas de ningún tipo, ni por los conciertos educativos ni por la presencia de la asignatura de Religión en la escuela».

En Madrid, miles de vehículos han colapsado este domingo el Paseo de la Castellana entre las plazas de Cibeles y de Cuzco y las calles adyacentes. Las familias, profesores y ciudadanos que participaron en esta manifestación con vehículos respetaron las medidas de seguridad dictadas por las autoridades sanitarias y la policía.

Al final de la protesta, los representantes de Más Plurales leyeron un manifiesto en el que volvieron a pedir la retirada de una ley que «apuesta por una escuela única y pública y que elimina la pluralidad educativa». Como dice el manifiesto, “la pluralidad de la escuela de hoy es la base de la democracia de la sociedad de mañana”. Además, instarán a los grupos políticos a que interpongan recursos de inconstitucionalidad y presionarán en las comunidades autónomas para «disminuir al máximo los efectos de la aplicación de esta norma”, propiciando que se recurra la ley “en tiempo y forma a las instituciones europeas en busca de amparo”.

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