Maroto: La ley Celaá es el “precio altísimo” por el apoyo de los independentistas a los PGE
Javier Maroto, esta mañana en el Senado. © TAREK
El portavoz del PP en el Senado, Javier Maroto, ha vinculado la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado en la Cámara Alta a la aprobación también definitiva de la Lomloe o Ley Celaá, que considera el «precio altísimo» que paga el Gobierno a los independentistas por avalar las cuentas públicas.
En rueda de prensa tras la Junta de Portavoces del Senado, Maroto ha criticado que esta Cámara debata los presupuestos justo el día en que se celebra la lotería de Navidad para «que nadie hable» de lo que va a pasar en el hemiciclo, y que según él es que los independentistas vascos y catalanes van cobrarse su respaldo a través de la Lomloe.
El pleno del Senado aprobará definitivamente esta tarde el proyecto presupuestario y mañana miércoles la reforma educativa, en la última sesión que la Cámara Alta celebra este año.
Maroto piensa que mientras todos los españoles «miran sus décimos» a ver si les ha tocado el Gordo, el PSOE «se lo da a cada uno de sus amigos», de las fuerzas independentistas, mientras la pedrea llegará a los ciudadanos a partir de enero en forma de «subida de impuestos», ha recalcado.
El senador del PP ha asegurado que el «precio altísimo» que para el Ejecutivo supone sacar adelante las cuentas públicas a través de la Ley Celaá comportará «expulsar y echar por la ventana al castellano de las aulas de Cataluña definitivamente».
Y ha hecho notar que una ley educativa nacional sea «la que más gusta a quienes tienen un problema con España», como «a Rufián y a Torra».
Además, el PP va a llevar este martes al Congreso una iniciativa en la que insta al Gobierno a defender el derecho de los españoles a ser educados en castellano así como en las lenguas oficiales en las respectivas comunidades.
La PNL fue registrada en la Cámara Baja tras conocer el acuerdo alcanzado por el PSOE y Unidas Podemos con ERC para eliminar en la Lomloe la referencia al castellano como lengua vehicular.
Para el PP, la supresión del castellano como lengua vehicular permite «la continuación de la vulneración» del derecho a ser educado en castellano y «alienta» las políticas lingüísticas de partidos nacionalistas cuyo objetivo es, a su juicio, «dificultar o eliminar» el derecho al uso del castellano en los sistemas educativos de las comunidades donde gobiernan.