Aprobada la modificación del decreto de escolarización en Andalucía

El nuevo decreto de escolarización, adaptado a la Lomloe en vigor, fue aprobado la semana pasada en el Consejo de Gobierno con carácter urgente y será remitido la semana que viene al Parlamento autonómico. La Consejería ha optado por la fórmula de decreto ley por razones de urgente necesidad para que la escolarización del próximo curso no se retrase y pueda comenzar el 1 de marzo, como en años anteriores.

Los criterios de admisión del alumnado en los centros públicos y concertados desde Infantil hasta Bachillerato incluyen cambios mínimos respecto al curso pasado, “los imprescindibles obligados por el cambio en la normativa estatal”, según el comunicado de la Junta.

Entre los cambios, aunque la existencia de hermanos en el centro sigue dando prioridad, los puntos que otorga pasan de 20 a 14. Ello es así porque la Lomloe limita este criterio al 30% de la puntuación total que pueda tener el alumno, y Andalucía ha optado por otorgar la misma puntuación a la existencia de hermanos que a la proximidad al domicilio.

Además, dentro de los criterios de prioridad se incluye por primera vez la discapacidad sobrevenida durante el curso de alguno de los miembros de la unidad familiar y el hecho de que el alumno haya nacido de un parto múltiple (a punto).

Otra de las novedades es que la competencia para decidir en el procedimiento de admisión del alumnado en un centro público, que antes correspondía al director del centro,  pasa al Consejo Escolar.

Entre los aspectos del decreto de escolarización de 2020 que se mantiene figura el hecho de que se garantice que en todas las zonas de escolarización exista un centro público y uno concertado, o la garantía de que todos los centros concertados de la ESO estén adscritos a uno de Bachillerato. También se seguirá prestando atención al alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo, reservando tres plazas por unidad escolar para estos alumnos para garantizar una escolarización equilibrada.

Andalucía mantiene el criterio de la demanda social en la programación de la oferta, entendida como la prioridad de elección de centro educativo por parte de las familias, reconociendo el papel central y vertebrado de la enseñanza pública pero también el relevante papel de la enseñanza concertada en el sistema educativo andaluz.

En la actualidad, de los 1.742.267 alumnos matriculados en plazas sostenidas con fondos públicos, un 80,6% está en centros públicos y un 19,4% en centros concertados.

Además, un 93,78% de las familias logró este curso plaza en el centro elegido como primera opción y casi el 98% en alguno de los centros de su elección. Los cambios permitieron que la adjudicación por sorteo en las plazas del alumnado de tres años se redujeran en un 65% y en un 54,9% en el conjunto de los cursos.

En rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, el consejero de Presidencia, Administración Pública e Interior y Portavoz del Ejecutivo, Elías Bendodo, proclamó: “No vamos a ser insumisos a la Ley Celaá, pero vamos a volcar todo nuestro esfuerzo en minimizar su impacto” en un sistema como el andaluz, dijo, en que los principios de libertad, esfuerzo e inversión económica son “innegociables».