Ayuso dice que existe amenaza de prevaricación por parte de Cataluña

En declaraciones durante el acto de entrega del Premio Sociedad Civil 2021 de la Fundación Civismo y Libertad al profesor Juergen Donges, Ayuso ha asegurado que el independentismo «tiene más fuerza que nunca en el Congreso de los Diputados». También ha reprochado el «afán de algunos por modificar el orden constitucional por la puerta de atrás» tras los últimos pactos «con el brazo político de ETA o los independentistas para sacar adelante los presupuestos y los cambios legislativos en materia de seguridad» por parte del Gobierno. «Frente a todo lo anterior, en Madrid vamos a defender siempre la libertad y los derechos constitucionales», ha aseverado la presidenta, que ha recalcado que «sea quien sea quien los ataque, va a tener que recibir contestación» desde Madrid tanto «en materia fiscal, en materia educativa, cultural o política».

Por otro lado, la entidad ‘Hablamos español’ ha anunciado este martes de que ha presentado una denuncia contra el conseller de Educación del Govern catalán, Josep González-Cambray, ante la Fiscalía de Barcelona por un supuesto delito de prevaricación. Según un comunicado difundido este martes, el hecho de que el conseller enviara una circular a los centros educativos de Cataluña en la que «imparte instrucciones para que el fallo judicial logrado por la Abogacía del Estado no se acate» es constitutivo de ese delito.

El equipo jurídico de ‘Hablamos español’ «considera que los hechos denunciados pueden ser constitutivos de un delito de prevaricación», recogido en el artículo 404 del Código Penal, según se indica en el comunicado. «González-Cambray, prevaliéndose de su cargo público y plenamente consciente de su injusticia y completa incompatibilidad con el ordenamiento jurídico imparte unas instrucciones abusivas para que no se acate un fallo judicial firme», se afirma en la nota.

Esta entidad ha interpretado que «en el caso presente se ordena que se deniegue a los hispanohablantes y a todos aquellos ciudadanos que así lo deseen el poder recibir al menos el 25% de la enseñanza en español».

Por su parte, el grupo de Vox en el Parlament de Cataluña ha registrado una propuesta de resolución en la que insta al Ejecutivo central a aplicar el artículo 155 de la Constitución en Cataluña e iniciar «acciones penales» contra el conseller de Educación del Govern, Josep González-Cambray, si desobedece al Tribunal Supremo.

En un comunicado, Vox ha arremetido contra el Govern por hacer caso omiso de la resolución del Supremo que ratifica una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) para que el 25% de las clases en Cataluña sean impartidas en castellano. En su propuesta de resolución, Vox pide aplicar el artículo 155 «una vez se constate el incumplimiento» por parte de la Generalitat de la sentencia del TSJC e «iniciar acciones penales por presunto delito de desobediencia» contra el conseller de Educación. «Desde Vox daremos la batalla para que se cumpla la sentencia, pero iremos más allá cuando gobernemos o condicionemos gobiernos: estudiar en español es un derecho y será una realidad», ha afirmado el portavoz del grupo en el Parlament, Joan Garriga.

También el líder de Cs en el Parlament, Carlos Carrizosa, ha advertido al conseller de Educación, Josep González-Cambray, de que le llevará a los tribunales si incumple la sentencia que dictamina que el 25% de clases en Cataluña tienen que ser en castellano. En declaraciones a la prensa frente a la Conselleria de Educación, Carrizosa ha avisado de que si Cambray continúa «dando instrucciones para que las sentencias no se cumplan», incurrirá en «responsabilidades penales».

González-Cambray envió el miércoles una carta a los directores de los centros educativos catalanes en la que les animaba a hacer caso omiso de la sentencia que obliga a las escuelas a impartir al menos un 25% de las clases en castellano. Para Cs, esta carta «es propia de un régimen totalitario» y supone «un desprecio absoluto» hacia los profesores y el sistema educativo catalán: «supone una coacción intolerable a funcionarios». Asimismo, el líder de la formación naranja en el Parlament ha enviado la mañana de este jueves una carta al conseller en la que le pide que «acate» la sentencia «inmediatamente» ya que, si no lo hace, «incurrirá en responsabilidades penales».

Asimismo, la portavoz parlamentaria del PSC, Alícia Romero, ha pedido al president Pere Aragonès que llame a todos los partidos al Pacto Nacional por la Lengua que tiene previsto convocar a principios de año para buscar el máximo consenso en torno a la normalización del catalán en ámbitos como la Educación.

En rueda de prensa desde el Parlament, Romero ha defendido que el presidente de la Generalitat debe llamar a todas las formaciones porque hay que «intentar que en un pacto por la lengua catalana esté todo el mundo». «Pedimos al president que convoque a todos los grupos de la cámara, eso es lo razonable, y que en todo caso sean los grupos quienes se excluyan de un pacto si les parece conveniente», ha subrayado.

Al ser preguntada por si se debería dejar a Vox al margen de esa convocatoria, la portavoz socialista ha dicho que eso lo tiene que decidir Aragonès, si bien ha recordado que en el ámbito parlamentario existe un acuerdo entre PSC-Units, ERC, JxCat, CUP y comunes para no convocar al partido de extrema derecha. Romero ha reiterado el respeto de su formación hacia la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, ratificada por el Supremo, que ordena que las escuelas catalanas deben impartir como mínimo el 25% de las materias en castellano. «Las sentencias se tienen que respetar y se tienen que aplicar intentando respetar al máximo el modelo (educativo) que tenemos», ha añadido.

En este sentido, ha reivindicado el compromiso de los socialistas con el uso del catalán como lengua vehicular en la escuela y ha defendido que hay que garantizar que los alumnos dominen las dos lenguas cooficiales en Cataluña cuando acaban la enseñanza obligatoria.