CCOO exige cumplir la ley que ampara a docentes con discapacidad

Como ejemplo de ello, CCOO cita el caso de «un docente con discapacidad auditiva que lleva seis años pidiendo un intérprete de signos. En otras ocasiones al personal interino se le asignan destinos completamente incompatibles con su discapacidad, lo que significa la pérdida de dicha asignación”. En el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, CCOO hace hincapié en «la carrera de obstáculos que supone ser profesor o profesora discapacitada en Madrid» como consecuencia directa de la «inacción y del incumplimiento de la ley» por parte de la Consejería de Educación.

El personal docente con discapacidad superior al 33%, que está recogido en la categoría Acceso 2, tiene derecho a «una adaptación de la oposición que la haga adecuada a sus capacidades. También es obligatorio reservar al menos 5% de las plazas que se ofertan a este Acceso, y que en los llamamientos ordinarios de forma genérica se asigne una persona de Acceso 2», añade CCOO en un comunicado.

En los últimos tres años, el 1,75% de los trabajadores que han accedido a la profesión docente pertenece al grupo de Acceso 2. El problema, denuncia CCOO, es que cada vez se encuentran «con más dificultades», aunque la ley esté de su lado. “La actuación del Gobierno regional está marcada por la opacidad, la falta de datos, una nula preocupación por la igualdad y el incumplimiento de la ley”, critica la secretaria de Educación de CCOO, Isabel Galvín. “No solo no garantizan la cuota del 2% que marca la ley, sino que hay centros educativos que no son accesibles, y cuando los funcionarios solicitan adaptaciones al puesto de trabajo, esas solicitudes se eternizan y nunca llegan», agrega.

CCOO critica también la situación de los Centros Especiales de Empleo (CEE), cuya labor debería ser fundamental para integrar a personas con discapacidad. Sin embargo, en Madrid, los CEE, especialmente «los que tienen ánimo de lucro, incumplen la normativa legal vigente» y muestran «escaso respeto hacía los trabajadores con discapacidad. Se han detectado casos de exigencias de rendimiento equivalente al de la empresa ordinaria, y no cuentan con el equipo de apoyo preceptivo».

Según Galvín, “es imprescindible que tanto la administración pública como las empresas cumplan escrupulosamente la normativa laboral vigente para evitar situaciones de discriminación y precariedad”.