Govern catalán llama a las familias a pronunciarse en contra de recibir clase en castellano

La dirección de la escuela mantuvo ayer tarde una reunión con las familias de P5, grupo al que pertenece la familia denunciante, en la que les informó que a partir del próximo día 9 de diciembre, en virtud del cumplimiento de una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) emitida hace un mes, se deberán de empezar a impartir el 25% de las clases en castellano.

En rueda de prensa para informar sobre la incidencia de la pandemia en los centros educativos y a preguntas de los periodistas, Patricia Gomà ha indicado que la sentencia es una más de aproximadamente 80 emitidas los últimos años por el TSJC para impartir clases en castellano, «motivada por una familia concreta y para un grupo concreto», ha dicho. Lo que es «relevante» en este caso, según la secretaria, es que se están produciendo más reacciones de familias en contra que en los anteriores ocasiones, por lo que ha instado al resto de familias que rechazan la medida a que lo «hagan público».

Por su parte, Ana Losada, presidenta de la entidad Asociación por una Escuela Bilingüe (AEB), que representa a la familia denunciante, ha confirmado a Efe que en la reunión mantenida ayer «algunas familias mostraron su rechazo a las medidas cautelares dictaminadas y propusieron el inicio de una recogida de firmas contra la aplicación de la sentencia». La entidad ha enviado esta mañana un correo electrónico a la dirección del centro, al que ha tenido acceso Efe, en el que afirma ser conocedora de «una campaña que tiene origen en los padres de algunos alumnos de la clase y que alienta a la recogida de firmas en el centro en contra de la aplicación de la sentencia y propone al AMPA para que se una a todas las posibles acciones de protesta». Por ello, piden a la dirección de la escuela que «corte de raíz cualquier acción de protesta dentro del centro encaminada a presionar o señalar a la familia, incluida el AMPA». La asociación afirma asimismo que «realizará un minucioso seguimiento de cualquier posible situación que pueda suponer una situación de acoso para la familia y sobre todo para el menor».

A principios del pasado mes de febrero, la Generalitat interpuso un recurso de casación ante el Tribunal Supremo (TS) contra otra sentencia del TSJC que ordena al Govern a garantizar que el castellano sea la lengua vehicular, como mínimo, en el 25% de las materias. El pasado día 23 de noviembre, el Supremo no admitió ese recurso, por lo que este fallo pasó a ser firme, por lo que Ana Losada ha manifestado que «no entiende el revuelo por una nueva sentencia del TSJC, atendiendo a la demanda de una familia concreta», cuando la sentencia del Supremo obliga ya a dar el 25% de las materias en castellano en todas las escuelas e institutos catalanes.

Losada también ha solicitado este martes a la Fiscalía que evite la distribución entre los escolares catalanes de una encuesta del Síndic de Greuges sobre sus usos lingüísticos. En el escrito presentado ante la Fiscalía Superior de Cataluña, al que ha tenido acceso Efe, Losada sostiene que esta encuesta «puede constituir vulneraciones graves de los derechos de los menores, tanto en lo que se refiere a su derecho a la intimidad personal y familiar, la libertad ideológica y el derecho a no ser obligado a realizar trabajos o tareas que no redunden en su beneficio o provecho».

Por otro lado, la asociación Hablamos español ha presentado una denuncia ante la Fiscalía Superior de Justicia de Cataluña contra los autores de diversos mensajes de Twitter dirigidos a una familia que consiguió que un juez les reconociera el derecho a un 25% de enseñanza en la escuela. El presunto hostigamiento empezó cuando alguien publicó de parte de la citada escuela, en Canet de Mar (Barcelona), que a partir de ahora se veían obligados a impartir un 50% de clases en castellano. «Os informamos de que nuestra escuela ha sido denunciada por una familia de P5A y a raíz de ello el TSJC ha dictado que las horas lectivas en esta clase deben ser el 50% en castellano», decía el mensaje tras el que «se desató una campaña en redes sociales en contra la familia», han explicado desde la asociación en un comunicado.

Entre los mensajes publicados destaca, según, los denunciantes, «uno de la cuenta de Twitter de un varón, al parecer, exprofesor del Grado de Turismo de la UAB, redactado en los siguientes términos: «Me apunto a apedrear la casa de este niño. Que se vayan fuera de Cataluña. No queremos supremacistas castellanos que nos odian».

En la denuncia ante la Fiscalía de Barcelona contra el autor de este mensaje y contra otros se solicita al Ministerio Fiscal que «proceda a investigar los hechos denunciados y que tras identificar a los autores de los tuits que incitan a la violencia y odio se proceda contra sus responsables». Más allá, Hablamos español ha señalado que a su juicio la «despreciable campaña orquestada» contra esta familia «es un motivo más» para agilizar el cumplimiento de la sentencia que obliga a la Generalitat de Cataluña a garantizar la presencia de, al menos, un 25% de horas lectivas en español.

No obstante, la portavoz del Govern, Patrícia Plaja, ha censurado las «amenazas» que usuarios de redes sociales han dirigido en contra de esta familia. «Siempre rechazaremos y siempre nos encontrarán en contra de las amenazas o de cualquier acto violento. No hay cabida en nuestra casa, en Cataluña, y este Govern estará siempre en contra de cualquier manifestación de tipo violento, ya sea verbal o física», ha asegurado. Por su parte, el conseller de Educación, Josep González-Cambray, se reunirá el 9 de diciembre con la dirección y las familias de la Escuela.