Andalucía autoriza la tramitación para reconocer dos nuevas universidades privadas
Según su propuesta, la Universidad CEU Fernando III impartirá docencia mediante modalidad presencial, se ubicará en el municipio de Bormujos, en la provincia de Sevilla, y contará con dos centros: la Facultad de Ciencias Empresariales y Jurídicas y la Escuela Politécnica Superior. Su oferta de títulos se compone de ocho grados y cinco másteres en materias relacionadas con la Administración y Dirección de Empresas, Marketing y Gestión Comercial, Relaciones Internacionales, Derecho, Ingeniería de Sistemas de Información, Ingeniería de Sistemas de Telecomunicación, Auditoría de cuentas o Business Analytics y Big Data, entre otros.
El proyecto docente y de investigación de Utamed, impulsado por la entidad Sapere Aude Arco Mediterráneo, tendrá carácter telemático y se articulará a través de cinco centros: las facultades de Empresa Digital, Tecnología y Derecho y de Humanidades y Ciencias Sociales, una Escuela de Doctorado, un centro de I+D+i y otro de emprendimiento y transferencia. Asimismo, la enseñanza proyectada por esta institución se compone de 14 titulaciones: seis grados, siete másteres y un título de doctorado, relacionados con las nuevas tecnologías, Marketing Digital, Derecho, Educación, Emprendimiento e Innovación, entre otras. Con carácter general, esta oferta académica está dirigida a un alumnado con dificultades para conciliar la vida profesional y la formación universitaria.
Ambas propuestas académicas que aspiran a instalarse en la comunidad vendrán a complementar la oferta formativa universitaria ya existente en el territorio andaluz, que está sustentada en diez instituciones públicas y en una privada, la Universidad Loyola. Una vez se recaben todos los informes, incluido el del Consejo Consultivo de Andalucía, y se culmine el resto de los trámites establecidos, ambas normativas volverán a someterse al Consejo de Gobierno para su visto bueno como proyectos de ley, trasladándose posteriormente al Parlamento para su aprobación.
El marco normativo vigente, que viene definido por la Ley Orgánica de Universidades del Estado y por el Real decreto que la desarrolla, así como por la norma autonómica en la materia, establece que la implantación de este tipo de instituciones académicas en la comunidad debe llevarse a cabo mediante ley, tras el respaldo del Parlamento. Previamente, la Consejería de Transformación Económica solicitó el informe preceptivo de la Conferencia General de Política Universitaria, así como el informe del Consejo Andaluz de Universidades y el de la Dirección de Evaluación y Acreditación (DEVA) de la Agencia Andaluza del Conocimiento. A lo largo de este proceso, se ha velado por que estas iniciativas académicas cumplan con los requisitos que determina la legislación correspondiente.