El pacto educativo, listo para su aprobación definitiva en el Parlamento vasco

Tal y como estaba previsto, las cuatro formaciones firmantes del documento lo han avalado en una comisión de la que se ha ausentado antes de las votaciones el representante de PP+Cs José Manuel Gil, en protesta por las «formas» con las que se han desarrollado las negociaciones y las reuniones de la ponencia encargada de su elaboración. Salvo PP+Cs y Vox, que ha votado en contra, el resto de grupos han alabado al alto nivel de acuerdo alcanzado para pactar un texto en el que han reconocido que todos ellos han dejado parte de sus propuestas a un lado en aras a alcanzar el máximo consenso posible.

Desde el PNV, Leixuri Arrizabalaga ha insistido que el acuerdo contiene buenas medidas y ha defendido su legitimidad y el trabajo de la ponencia. A su juicio, contiene las «bases para la transformación del sistema educativa vasco» y acciones «concretas» para mejorarlo.

Ekoitz Arrese (EH Bildu) ha defendido que se trata de una «oportunidad» para transformar el sistema y ha subrayado que su coalición apoya el texto porque contiene compromisos contra la segregación escolar, concreta el nivel de euskera con el que el alumnado debe salir del mismo, recoge medidas en favor de la escuela pública y «acaba con los cheques en blanco a la red concertada».

Iñigo Martínez (Elkarrekin Podemos-IU) ha indicado que el texto pone las bases para «la transformación del sistema», al tiempo que «pone pie en pared» contra la segregación. Ha reconocido que puede suscitar la «falta de confianza» en algunos agentes educativos, pero ha dejado claro que su grupo será exigente para que la futura ley recoja todos los acuerdos alcanzados.

El socialista José Antonio Pastor ha señalado que «el texto no es de nadie, sino que es un poco de todos» y ha destacado que a diferencia del borrador inicial, lo acordado reafirma el papel de la escuela pública «Ahora toca estar muy pendientes de cómo se desarrolla todo esto en la ley», ha advertido el representante del PSE-EE, socio de gobierno del PNV en Euskadi.

José Manuel Gil ha denunciado la «falta de respeto» hacia su grupo durante la tramitación en ponencia y en protesta se ha ausentado sin votar. Ha denunciado que el documento es «una mala base» para la ley y que se trata de «un pacto de equilibristas para poner la educación al servicio del ultranacionalismo» que, además, se basa en el «diagnóstico hecho por EH Bildu» y «pone la educación al servicio del euskera».

Por último, Amaia Martínez (Vox) ha criticado que el texto «sigue insistiendo en los mismos errores» y ha rechazado que el euskera sea el eje vertebrador de la enseñanza en una comunidad con dos lenguas oficiales.

El dictamen que se aprobará definitivamente en pleno el 7 de abril, recoge el acuerdo cerrado el pasado 18 de marzo por sus firmantes tras múltiples contactos para acercar posturas en torno al tratamiento de las lenguas en la enseñanza. En este apartado, recoge la apuesta por una enseñanza plurilingüe, con el euskera como eje, articulada a través de dos lenguas oficiales y al menos una lengua extranjera que permita al alumnado alcanzar en euskera y castellano el nivel B1 al finalizar la etapa de Primaria y el B2 al acabar la ESO. En cuanto a la lengua extranjera el fin es que logren los niveles A1 y B2, respectivamente.

El texto sitúa a la escuela pública como protagonista del sistema y en el caso de la privada se señala que también se sostendrá con fondos públicos mediante los conciertos educativos a los centros que cumplan los requisitos recogidos en la nueva ley.

El pacto excluye automáticamente del concierto a los colegios que segreguen por sexo y, además de determinar la eliminación de las cuotas que se cobran en estos colegios para lograr la «gratuidad total», establece que los centros privados que aspiren al concierto tendrán que recoger en sus respectivos proyectos un compromiso en contra de la segregación escolar. En este sentido, los cuatro partidos han acordado impulsar un proceso de diálogo con la comunidad educativa para suscribir un pacto contra la segregación escolar en 2023, y que se actualice la normativa sobre la admisión del alumnado y los procesos de baremación en la matriculación, que debe llevarse a cabo en oficinas municipales y no en los propios centros como se hace ahora.