Galicia acuerda con el Ministerio ampliar el marco legislativo para mejorar la carrera docente

Galicia ha acordado con el Ministerio de Educación ampliar el marco legislativo para abrir un debate que permita identificar las necesidades de los docentes a lo largo de su carrera profesional. Así lo consensuaron esta mañana el conselleiro de Cultura, Educación y Universidad, Román Rodríguez, y la ministra de Educación y FP, Pilar Alegría, en una reunión de trabajo en Santiago de Compostela.

El Gobierno gallego ofrece como base de trabajo al Gobierno central el estudio para la mejora de las competencias profesionales docentes que concluyó en 2018 con las aportaciones del grupo de trabajo constituido para tal fin en 2017 entre la Consellería, las facultades de Ciencias de la Educación de las tres universidades gallegas y la red de formación del profesorado.

El documento –que en su día también se dio a conocer a la Conferencia de Decanos de Educación de España y recientemente fue compartido con el resto de las CCAA en la Comisión General de Educación– establece un Marco de Competencias Profesionales Docentes en Galicia, en el que se definen las competencias y habilidades básicas y necesarias que debe adquirir todo profesor tanto en su formación inicial como a lo largo de su carrera.

Ambas partes coincidieron en la necesidad de convertir la profesión docente en una carrera atractiva para que los mejores candidatos deseen ejercerla, fortaleciendo la imagen social del profesorado e incentivando la vocación y el compromiso. Para eso, es preciso determinar a nivel estatal un perfil de competencias del profesorado sólido que facilite tanto los procesos de selección como los de formación. Este perfil debería ser el resultado del acuerdo de los expertos y con los distintos agentes de la comunidad educativa, como lo fue el estudio gallego.

Este marco común deberá abarcar las tres efes: la formación inicial de los futuros profesionales desde las facultáis, la formación para el acceso a la docencia y la formación continua del profesorado, encaminada a la actualización y a la adaptación de los conocimientos, actitudes y habilidades, a los cambios y avances de la sociedad.

Asimismo, la nueva normativa deberá promover el desarrollo de contornos compartidos de reflexión y aprendizaje, de modo que se estimule la puesta en común de estrategias de aprendizaje para mejorar la práctica docente y establecer un sistema de evaluación del desempeño que sirva para orientar la formación permanente del profesorado. También establecer un Estatuto de la función docente que dote al profesorado de un marco en el que se recojan sus derechos y deber, se sienten las bases estables para el ejercicio de la profesión docente y se establezca una carrera profesional.

“El profesorado es el pilar de la enseñanza, de su éxito y de su calidad, por lo que la formación de los docentes tiene una importancia capital para el sistema y para la sociedad en general”, destacó el conselleiro. “Cuanto más motivados e implicados, cuanto mejor formados estén los docentes de un país, mejor preparados saldrán de las aulas los futuros ciudadanos y mejor será la sociedad, sin ninguna duda”, afirmó.

Se hace preciso, según la propuesta de Galicia, adoptar una visión continua de la carrera del profesorado. Actuando, en primer lugar, en la definición del acceso a los estudios, el fin de prestigiar la profesión docente. Asimismo, hace falta mejorar las competencias de la formación inicial, ajustar el sistema de acceso a la docencia y, por último, fijar un marco de formación continua adaptado a las necesidades del sistema.

Una ABAU más homogénea

Por otra parte, ambas administraciones coincidieron en la necesidad de reformas las pruebas de acceso a la Universidad. En este momento el Ministerio ha abierto un proceso para adaptar la ABAU a la nueva ley educativa, con el objetivo de establecer una prueba más competencial, en la línea del informe PISA. A este respecto, Galicia aboga por una ABAU con parámetros similares para todo el territorio español, de tal manera que los resultados de estas pruebas reflejen niveles similares a los demostrados por el alumnado gallego precisamente en informes como el impulsado desde la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

Hasta el momento cada comunidad fija unos estándares de dificultad que permiten atenuar o endurecer las pruebas según cada materia, “lo que genera grandes desigualdades en los resultados y penaliza la aquellas comunidades que requieren más esfuerzo del alumnado”, señaló el conselleiro. Además, toda vez que este año se puede ir a la ABAU con una materia suspensa, el conselleiro pidió a la ministra revisar esta política, a favor del estímulo de la cultura del esfuerzo.

Facilitar el acceso a la FP

Finalmente, el conselleiro solicitó a la ministra a apertura de puentes entre la Universidad y la FP a través del establecimiento de un procedimiento para que se reconozca como superados determinados módulos profesionales de ciclos de FP a los titulados de las universidades gallegas. Esta competencia recae hasta ahora en el Ministerio y, de hecho, lo hace ante solicitudes individuales de ciudadanos.

Se hace necesario establecer un «puente» regulado que posibilite que los graduados que accedan a la Universidad puedan convalidar determinadas materias. En este momento solo existe el proceso inverso. De hecho, la Xunta y las tres universidades vienen de renovar el convenio para que alumnado que haya superado ciclos de grado superior y decida continuar estudios universitarios en estas instituciones pueda solicitar que se le reconozcan ciertos créditos de determinadas materias en un total de 188 grados y cuatro dobles grados.