El Congreso rechaza una ley del PP para vigilar la lengua en las escuelas

Esta proposición de ley, con la que el PP pretendía garantizar el cumplimiento de la sentencia judicial que obliga a impartir en castellano un 25% de las clases en Cataluña, ha generado un bronco debate, con nacionalistas e independentistas denunciando la imposición del castellano, mientras que PP, Vox y Cs han alertado del adoctrinamiento en las aulas.

El diputado del PP Oscar Clavell ha asegurado que los «golpes» a la Educación dados por el PSOE han dejado «en peligro de extinción» el estudio del castellano en algunos territorios. «El PSOE ha dejado de existir, ahora bajo el paraguas de esas siglas centenarias se refugia el mayor traidor a España y a sus pilares como la educación», ha denunciado. El PP, que ha defendido un «bilingüismo cordial e integrador», pretendía con su texto crear un cuerpo de alta inspección, con rango de autoridad pública y dependiente del Ministerio de Educación, para revisar currículos, velar por el «derecho» de recibir enseñanza en «la lengua oficial del Estado» o «garantizar la neutralidad ideológica», con potestad para «visitar en cualquier momento los centros».

Durante el tenso debate, la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, ha llamado la atención a varios diputados: A Albert Botran, de la CUP, al que ha tenido que quitar la palabra ante su insistencia al intervenir en catalán, a su compañera Mireia Vehí, por grabar el hemiciclo; a Dolors Bassa (ERC), por llamar facha al tribunal que ha impuesto el 25% en castellano en Cataluña, a Clavell, del PP, por llamar «traidor» a Sánchez y a Rafa Mayoral, de Unidas Podemos. El independentismo ha defendido el modelo de inmersión lingüística. «La escuela en catalán ahora y siempre, viva Cataluña libre», ha reivindicado, primero en catalán y después en castellano, la portavoz de JxCat Miriam Nogueras, mientras que ERC ha denunciado que les reprimen, les «espían» y les quieren imponer el uso del castellano.

También ha cargado contra el PP el diputado del PNV Joseba Agiretxea, que ve en la proposición de ley un «modelo represor» y un «impresentable libello integrista al que sólo le falta incluir en su articulado la instauración de la santa inquisición» y en la misma línea, Bel Pozueta, de EH Bildu ha acusado al PP de querer crear un «censor educativo español». Además, el diputado de BNG Néstor Rego, ve un intento de «nueva regresión centralizadora» y una «clara invasión competencial» e Inés Sabanés (Más País) ha acusado al PP de ser quien adoctrina al agitar «el odio al catalán, al euskera, al valenciano y al gallego».

En términos similares se han pronunciado los grupos de la coalición del Gobierno. Para el PSOE esta proposición es una «recentralización que impulsa la ultraderecha» y rompe con la Constitución y con el estado de las autonomías porque «la única aportación que hacen es un ataque sistemático a las competencia autonómicas» en defensa de un modelo educativo «elitista», en palabras de la diputada María Luz Martínez. Desde Unidas Podemos, Joan Mena ha asimilado la alta inspección educativa a la «policía patriótica al estilo de la que montó Jorge Fernández Díaz» y ha pedido a JxCat que «no le hagan el juego al PP» y vuelvan al consenso y a la protección del catalán «desde la unidad y la transversalidad».

Por contra, Vox y Ciudadanos han acusado a los independentistas catalanes de ser ellos quienes quieren imponer su lengua al incumplir el 25% de las clases en castellano y tanto la diputada Georgina Trías como el parlamentario naranja Guillermo Díaz han denunciado que en Cataluña hay dos inspectores para cerca de 5.000 centros educativos. «La inmersión lingüística no es más que asfixia y adoctrinamiento», ha denunciado Díaz, que ha acusado al PSOE de estar «plegado al nacionalismo». Además, ambos grupos han arremetido contra el PP por el «cacao» de la formación de Alberto Núñez Feijóo al hablar de plurinacionalidad y corregirse después. «¿Tienen claro cuántas naciones tiene España?», ha preguntado el diputado de Ciudadanos, que en todo caso apoya la proposición de ley del PP.